Las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, llevan años trabajando en incorar el concepto de Responsabilidad Social a su cultura corativa y a sus políticas de relación con sus grupospúblicos de interés, con diferentes niveles de desarrollo pero, en muchos casos, con avances significativos. Las compañías son cada vez más conscientes de que un comtamiento socialmente responsable debe compaginarse con la búsqueda del beneficio y el valor para el accionista, y que ambos conceptos deben formar parte de un todo y apoyarse el uno en el otro. Esto conlleva un efecto de retroalentación: el compromiso social favorece la creación de valor y a mayor posición competitiva en el mercado se generan más recursos para actuar de forma socialmente responsable. En este contexto asistos al hecho de que el fenómeno de la deslocalización, que busca asegurar e incrementar la posición competitiva de la empresa en un mercado cada vez más global y que practican fundamentalmente las grandes empresas multinacionales, representa para ellas un gran desprestigio social y provoca un efecto de enorme desgaste para su reputación. Si partos de la doble realidad de que, una parte, las decisiones de deslocalización parecen difícilmente evitables cuestiones de competitividad empresarial, y otra, cualquier deslocalización representa un indudable perjuicio para la comunidad y tejido industrial afectados, la pregunta parece lógica: ¿cómo encaja esa decisión en el pretendido comtamiento socialmente responsable de la empresa? En el caso de grandes empresas multinacionales estamos hablando de organizaciones maduras, que lo general han asumido en su cultura que la integración en su entorno social es algo natural en su actividad y consustancial con su atación al desarrollo socioeconómico de la comunidad donde tienen sus instalaciones productivas. Los responsables de tomar estas decisiones consideran que asegurar la posición de competitividad reúne más elementos de responsabilidad social con el conjunto de sus empleados que mantener hasta el límite la actividad de una planta que, a plazo, entrará en quiebra o provocará la precariedad económica de toda la compañía, como consecuencia de sus debilidades para competir en un entorno global. Sin embargo, para los afectados, estas razones, que podrían comprender desde una perspectiva teórica, no son válidas cuando plican para ellos una situación de gran incertidumbre respecto a su futuro en cuanto a necesidades básicas como son el empleo y la supervivencia económica. Por tanto, la cuestión está más en la interpretación que los distintos públicos hacen de las consecuencias de una decisión de tal envergadura. Y la interpretación está siempre condicionada el grado de afección que tiene esa medida para cada grupo de opinión, así como el nivel de conociento e información que cada grupo tiene de las razones de esa medida y del modo en que se va a llevar a cabo. La posición crítica de las personas afectadas (empleados, familiares, empresas indirectamente perjudicadas, …) no solo es natural y comprensible, sino que de nada serviría un mayor nivel de información sobre las razones de la medida para variar su postura. Sin embargo, existen otros grupos de opinión (autoridades, sindicatos, medios de comunicación,….) que deberían ser objeto de mayor esfuerzo de información y de comunicación parte de las empresas abocadas tarde o temprano a decisiones de esta naturaleza. De esta forma podrían conseguir un mayor grado de comprensión ante la medida a tomar y construir un discurso más coherente entre todas las partes para reducir el efecto negativo que ello tiene para su reputación. La responsabilidad social de las empresas que han decidido cerrar una fábrica cuestiones de competitividad puede que radique más en dedicar todos sus esfuerzos para generar las mejores condiciones posibles para que sus empleados y la comunidad afectada puedan construirse un nuevo futuro, que en mantener su actividad en favor de un engañoso y “cortoplacista” compromiso social a la espera de que la decadencia futura haga “justificable” el cierre. La cuestión es que para que esta realidad se perciba positivamente debe ser comunicada de forma adecuada. Para ello se requiere, como en cualquier situación de crisis, disponer de un plan preventivo y de contingencia que permita a todos los plicados y afectados tener más claro su futuro en caso de que se presenten situaciones de este tipo. La empresa desde luego es la que debe liderar este tipo de actuaciones, quizá buscando apoyos que refuercen su credibilidad como pueden ser las Organizaciones Empresariales con mayor influencia en la zona afectada que pueden ejercer de intermediarios ante las instituciones desde una posición menos comprometida. Por otra parte no debemos olvidar que las Administraciones Públicas tienen un papel tante que jugar en la prevención de crisis de esta naturaleza que afecta a su área de responsabilidad. Sería tanto aconsejable que para actuar con la necesaria responsabilidad social, empresa y poderes públicos vayan de la mano y adopten protocolos de actuación previos con el objetivo de evitar situaciones de extrema precariedad en las comunidades locales afectadas. Arturo Zubiaga SocioDirector de Consejeros del Norte
