La alcaldesa de Quijorna, Mercedes García Rodríguez, desmentía en entrevista a PRMadrid la admisión a trámite de la denuncia interpuesta el Grupo Independiente de la localidad, un supuesto descenso del centaje de viviendas destinadas a protección oficial. Según informó personalmente la regidora, las normas urbanísticas del Ayuntamiento actualmente en vigor, fueron aprobadas bajo el gobierno del Grupo Independiente de Quijorna, denunciante de las presuntas irregularidades.
La alcaldesa de Quijorna, Mercedes García Rodríguez, desmentía en entrevista a PRMadrid la admisión a trámite de la denuncia interpuesta el Grupo Independiente de la localidad, un supuesto descenso del centaje de viviendas destinadas a protección oficial. Según informó personalmente la regidora, las normas urbanísticas del Ayuntamiento actualmente en vigor, fueron aprobadas bajo el gobierno del Grupo Independiente de Quijorna, denunciante de las presuntas irregularidades.
Mercedes García Rodríguez, quien conoció la denuncia la prensa digital, informó de prera mano a la redacción de PRMadrid la ausencia de las supuestas ‘diligencias de investigación’ parte de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La alcaldesa notificó que había hablado personalmente con la Fiscalía, y confirmó que no había constancia de que la denuncia se hubiera admitido a trámite.
La regidora de Quijorna aclaraba en una conversación telefónica, que las normas urbanísticas (se denominan normas y no Plan General de Ordenación Urbana tratarse de una localidad inferior a 5.000 habitantes) “fueron aprobadas el día 1 de agosto de 2002, en esta fecha el que gobernaba era el Grupo independiente de Quijorna”, nos explicaba la afectada “yo en ningún caso he aprobado nada de las normas urbanísticas en vigor en este municipio”.
Sus declaraciones iban más allá de la defensa, plicando al denunciante en las irregularidades contempladas, cuando indicaba que las normas aprobadas bajo el gobierno independentista “no contemplaban ni una sola vivienda de protección en los sectores de suelo para construir”.
La denuncia interpuesta el Grupo Independiente de Quijorna se realizó cuando se produjo la firma de 37 acuerdos para la construcción de viviendas. Según una web denominada ‘la página no oficial de Esperanza Aguirre’, los acuerdos firmados incluían un 50% dedicado a viviendas protegidas, pero al Ayuntamiento redujo supuestamente este número al 10% en contra de la Ley de Suelo Madrileña.
La alcaldesa explicaba que “la firma de los 37 convenios, que se firmaron en su día mi, obligaban a los propietarios del suelo a hacer el 10% en viviendas de protección, algo de lo que el grupo independiente no se había preocupado nunca”. En sus declaraciones, Mercedes García daba la vuelta a las acusaciones recordando que “en la recalificación de una parte de la Dehesa Municipal, se tenía la obligación de haber hecho 54 viviendas de protección, y el Grupo Independiente las redujo a 42”.
“La contratación de los servicios del abogado Javier Gómez de Liaño se produce como consecuencia de una querella que me puso el Grupo Independiente de Quijorna, falseando y manipulando dos expedientes públicos relativos a una segregación, totalmente legal, que presentó a este Ayuntamiento una familia, informada favorablemente la arquitecta municipal” continuaba García Rodríguez en sus declaraciones.
Las manifestaciones de la damnificada, otorgadas en exclusiva a PRMadrid, se cerraban con el juicio del hecho parte de la alcaldesa, quien declaraba que “es lamentable que concejales de grupos independientes, que suelen ser en muchos casos concejales que han pertenecido a grupos políticos nacionales, y que han sido expulsados de sus filas diversas irregularidades cometidas, se dediquen actualmente a hacer política en los tribunales, basándose en argumentos falsos y faltando descaradamente a la verdad y al respeto a los tribunales de justicia”.
