La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) debatía hoy el informe de los conflictos medioambientales del urbanismo de la Comunidad de Madrid, destacando un balance positivo de Madrid respecto a la Comunidad Valenciana, pero afirmando que si existen indicios de practicas ilícitas y de corrupción en referencia al urbanismo de Madrid.
Según informaba hoy la Comisión del Parlamento Europeo en Bruselas, los informes investigados la mencionada Comisión indicaban que sí se habían registrados ‘acusaciones de prácticas ilícitas y predatorias y denuncias de corrupción’. Sin embargo el análisis apuntaba a una situación positiva de la Comunidad de Madrid respecto a la valenciana.
La Comisión del Parlamento Europeo decidió, el pasado mes, investigar los conflictos de urbanismo que se presuponían en las localidades madrileñas de Galapagar y Torrelodones.
En su momento consideró satisfactorias las explicaciones ofrecidas las autoridades madrileñas, en contraposición a la información recibida en Valencia. Los europarlamentarios calificaron su reunión con Granados, en relación a las presuntas irregularidades urbanísticas, de ‘superficial pero útil’.
El Parlamento Europeo confirmaba sus investigaciones a principios de mes, para analizar la polémica urbanística que de un tiempo a esta parte ha protagonizado la construcción de viviendas de nuestra región madrileña.
Las localidades de Galapagar, Torrelodones, Rascafría, Moralzarzal y Las Rozas fueron el punto de partida del examen, que comenzaron en Madrid para continuar en Almería y la Comunidad Valenciana.
En palabras textuales del texto remitido la Comisión del Parlamento, ‘la Comunidad Autónoma de Madrid no ha sido inmune al proceso urbanístico, todo lo contrario. El auge de la economía española durante los últos 20 años ha supuesto una afluencia masiva de personas procedentes de muchos países europeos y del resto del mundo. Esta creciente afluencia ha dado lugar asismo a la formación de un tante sector de la población urbana que ha adquirido una segunda vivienda alejada del ruido de la ciudad, en las hermosas estribaciones de la Sierra de Guadarrama’.
Los eurodiputados visitaron los municipios y reunieron con cerca de 200 peticionarios y denunciantes de las presuntas irregularidades urbanísticas en cinco ayuntamientos madrileños gobernados el Partido Popular.
La visita de diputados europeos, había sido solicitada diversas asociaciones de ciudadanos de varias localidades de estas comunidades, con el objetivo de que las instancias europeas, tomaran medidas ante los casos de infracciones urbanísticas que se estaban produciendo.
Las preocupaciones de los vecinos se referían en su mayoría a la falta de respeto que la ambición urbanística presentaba ante el medio ambiente, en especial a algunas áreas protegidas que se encontraban en las cercanías de los monstruos del ladrillo.
Los problemas relativos al vertido de residuos en zonas habilitadas a la viviendas, así como la dificultad del al agua, un bien cada vez más preciado en nuestra comunidad.
Pero cuando los eurodiputados llegaron a la Comunidad madrileña para comprobar las acusaciones vertidas los vecinos, encontraron que los gobernantes de las localidades se prestaron a ofrecerlas cualquier información necesaria para esclarecer los hechos que llevaron a los ciudadanos a ponerse en contacto con Europa.
Los estudios pertinentes se realizaron, a pesar de que el PP se posicionó en contra de que se realizaran las mencionadas investigaciones en Galapagar, argumentando que no se había estudiado el caso concreto de esta localidad.
El eurodiputado de este grupo político Carlos Iturgáiz, trató de sacar a Galapagar de la agenda de la Comisión, alegando que el día que querían sus representantes reunirse con la autoridades locales de Galapagar, era sábado lo tanto se trataba de un día en que la administración no funciona.
Por su parte, el comité de Peticiones del Parlamento Europeo decidió mantener a Galapagar en la agenda de la misión que partió a España para estudiar miles de denuncias sobre urbanismo, sorprendiéndose ante la disponibilidad de los regidores de la localidad a ofrecer la información necesaria.
La Comisión de Peticiones subraya que no pudo visitar Rascafría, localidad sobre la que se le había facilitado documentación relativa a la urbanización de una zona de protección especial con arreglo a la Directiva sobre aves.
La Eurocámara concluía que ‘en ningún otro país de la UE se han violado de tal modo y en tal magnitud los derechos de propiedad de los ciudadanos, ni se han recibido peticiones sobre este tema de ningún otro Estado miembro de la UE’.
