Hace siete años que algunos madrileños emprendieron las acciones legales pertinentes contra la sociedad inmobiliaria CPV, al declararse en quiebra y negarse a devolver la señal económica que habían entregado para comprar un piso. Las viviendas que se pusieron en venta se ubicaban en los barrios de Montecarmelo, Sanchinarro y Las Tablas, pero que nunca llegaron a manos de sus compradores. El acusado trató de exculpar a sus hijos en todo momento afirmando ante el fiscal que ellos no tenían conocientos inmobiliarios.
Las preras denuncias surgieron cuando el principal acusado Francisco García Moreno, declaraba la agencia inmobiliaria CPV en quiebra, negándose a devolver la entrada de los pisos que los clientes habían entregado para la vivienda. Por este motivo, la mayoría de las acusaciones particulares, solicitaban al Tribunal la exigencia de la responsabilidad civil de los bancos, una petición que fue desestada el Tribunal, al no ser admitido a trámite el recurso de casación.
Casi un total de casi 2.000 personas fueron estafadas la empresa inmobiliaria CPV, que supuestamente alcanzó un beneficio de 37,5 millones de euros. Los seis acusados el delito de fraude, están a expensas de cumplir la pena que solicita el fiscal, una pena que oscila entre los cuatro y los 16 años delitos de estafa continuada y falsedad de documentos.
Según aclaraba a Efe el principal acusado, Francisco García Moreno, la empresa se declaró en quiebra lo que no se pudieron construir los pisos prometidos, y que él nunca se llevó ‘nada’ del dinero de los clientes que entregaron para la compra de la vivienda.
Entre los acusados se encuentran sus dos hijos, Miguel Ángel y Javier García Sánchez, y el hijo de un amigo, Miguel Ángel Morrillo Pozo, quienes figuraban como accionistas y administradores. Sni embargo, Francisco García Moreno declaraba ante las preguntas de el fiscal que él era el único propietario de la promotora y la tanto, responsable de las supuestas irregularidades que acometían los vecinos.
Para exculpar a sus hijos, García Moreno declaraba que la presencia de su familia en la inmobiliaria respondía a una relación familiar, es como ‘quien compra unos zapatos o regala un bolígrafo a sus hijos’, que, en este caso, no tenían ninguna experiencia ni conocientos inmobiliarios.
En el año 2000 comenzaron a producirse las preras denuncias y los clientes empezaron a darse de baja en la CPV. Volviendo siete años atrás, García Moreno señaló que se empezó a devolver el dinero en 2001, ‘hasta que no había más’ en las cuentas bancarias y se tuvieron que vender los activos, lo que llevó a la ‘quiebra’ de la empresa.
