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ANTONIO MONTILLA/SEVILLA
La futura Ley de Farmacia de Andalucía permitirá abrir 500 boticas en cinco años
Abrir una farmacia en Andalucía se va a convertir en un trámite silar al de cualquier otra concesión administrativa. Los interesados deberán enfrentarse a un concurso público en el que prarán los principios de publicidad, transparencia, concurrencia pública y mérito.
Así consta en el anteproyecto de la Ley de Farmacia de Andalucía (LFA) que ayer aprobó el Consejo de Gobierno. La futura norma entrará en vigor aproxadamente en un año, una vez que supere la tramitación en el Parlamento de Andalucía. El texto, en cualquier caso, variará poco del que ayer salió de la Casa Rosa sede del Gobierno andaluz, merced a la mayoría absoluta del PSOE en la Cámara autonómica. La consejera de Sanidad, María Jesús Montero, no obstante, resaltó que buscarán el máxo consenso con el resto de formaciones políticas y con los profesionales del sector.
La Ley acabará, en cierta medida, con los privilegios de los colegios farmacéuticos. La Junta de Andalucía asumirá un papel decisivo en la concesión de nuevas boticas. La norma prevé la creación de 500 nuevas farmacias en las ocho provincias andaluzas en un plazo de cinco años, pero en contra del criterio actual, no se adjudicarán a instancias de un farmacéutico ni en el municipio o barrio que el profesional proponga.
Función social
Será la Consejería de Salud la que asuma la planificación mediante convocatorias públicas. De este modo, fijará los lugares en los que se pueden abrir las nuevas oficinas de farmacia, flexibilizando los criterios generales para tener en cuenta los incrementos de población censada, flotante o estacional. El Gobierno andaluz pretende ajustar la oferta a la demanda real y a los crecientos demográficos.
Así, la norma permitirá la instalación de nuevas boticas en «núcleos rurales o de expansión urbana con un míno de 1.000 habitantes, así como en aeropuertos y centros de tráfico de viajeros y mercancías», detalla el proyecto elaborado la Junta de Andalucía para su posterior debate y aprobación.
«Se prará más la función social que la posible rentabilidad económica del propietario», apuntó ayer la consejera en rueda de prensa previa al Consejo de Gobierno. El baremo de selección que empleará la Consejería de Salud tendrá en cuenta los méritos académicos, la formación posgraduada, la experiencia profesional y la discapacidad física.
Se mantiene, lo tanto, la obligatoriedad de que el titular de la apoteca sea un licenciado en Farmacia. Esto supone que Andalucía asume posiciones alejadas del dictamen de la Unión Europea que pide a España que liberalice el sector de las oficinas de farmacia. Andalucía, según explicó la consejera Montero, se ha litado a respetar la Ley estatal vigente, aunque reconoce un amplio debate, sobre todo en lo referente a la aprobación de la Ley de Sociedades Profesionales que, de aplicarse en el sector farmacéutico, permitiría que se adquiriesen nuevas boticas con hasta un 25% de capital ajeno al propio licenciado en la especialidad en cuestión que solicita la adjudicación.
Servicio a domicilio
Pero el farmacéutico no sólo tendrá que enfrentarse a un concurso si desea adquirir un estableciento. Si ya es titular de una farmacia y quiere venderla, deberá seguir el mismo camino, pero a la inversa: tendrá que hacer público el precio de venta, y el nuevo adjudicatario será aquel que obtenga la mayor puntuación en el baremo de méritos dentro de un registro que se creará a tal efecto. La norma regula también las condiciones de los traslados, los requisitos técnicos para el correcto funcionamiento de las oficinas de farmacia e incluso la posibilidad de que puedan contar con un servicio de distribución de medicamentos a domicilio.
La consejera Montero, al tiempo que destacó lo difícil de contentar a farmacéuticos y usuarios, puso el acento en que cuando entre en vigor la Ley se garantizará un acceso de calidad a los medicamentos, así como una mayor transparencia en la adjudicación.










