Los farmacéuticos valencianos ratificaron ayer unanidad, en la asamblea general extraordinaria, la decisión de la Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de Valencia de no aceptar la inscripción de sociedades profesionales cuyo objeto sea la gestión y explotación de una Oficina de Farmacia.
La Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, que entró en vigor el pasado día 17, prevé la constitución de una nueva forma asociativa para profesionales, en la que se admite la participación de hasta un 25% de capital no profesional. Sin embargo, en su Disposición Adicional sexta, afirma que ‘Sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley, la titularidad de las oficinas de farmacia se regulará la normativa sanitaria propia que les sea de aplicación’.
En este sentido, las leyes sanitarias, tanto de rango nacional como autonómico, afirman que sólo los farmacéuticos pueden ser titulares y propietarios de UNA Oficina de Farmacia, para pedir que se apliquen prácticas mercantiles relacionadas con la prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios que puedan perjudicar a los ciudadanos.
Sólo se permitirá el registro de este tipo de sociedades mercantiles cuando la finalidad sea distinta a la gestión de una Oficina de Farmacia y que pueden ser ortopedias, análisis clínicos, etc…
Para el presidente del Colegio, Javier Clent, ‘la nueva ley había abierto demasiadas expectativas para quienes pretenden elinar el carácter de servicio sanitario público de las oficinas de farmacia para convertirlas en meras tiendas de medicamentos, sujetas a las reglas salvajes del mercado. La nueva ley no puede ser el Caballo de Troya de las grandes cadenas multinacionales de farmacias, que lo único que persiguen es obtener enormes beneficios, pero a costa de reducir la calidad del servicio a los pacientes y el número de establecientos’.
Clent solicitó la ratificación del acuerdo a la Asamblea afirmando que la decisión de la Junta se adoptó, como no podría ser de otra forma, atendiendo al cumpliento escrupuloso de las leyes, para la mejor defensa de los colegiados y de los ciudadanos.
