‘La represión física contra los informadores, el mayor obstáculo’

La Comisión de Investigación de atentados a periodistas, es una entidad encargada de resolver, ofrecer ayuda e investigar los asesinatos contra los periodistas latinoamericanos debido a la creciente inseguridad que provoca ejercer dicha profesión en estos países. Hernán Uribe, periodista chileno y presidente de CIAP, ha hablado con PRLatam sobre el peligro que entraña en ocasiones ejercer la libertad de expresión y la profesión de periodista en ciertos países de Latinoamérica y sobre las críticas de ciertos mandatarios hacia la prensa, entre otras cosas.

Descríbanos brevemente cuál es la principal función de CIAP

La investigación de los asesinatos y atentados en contra de los periodistas latinoamericanos y, con ello, la denuncia, la solidaridad con las víctas y si es posible entregar asesoría jurídica. CIAP es una entidad adscrita a la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) que en 1993, atendida la creciente inseguridad en el trabajo periodístico, resolvió crear un organismo específico con los objetivos que he señalado.

¿Cómo definiría la situación de la libertad de prensa en América Latina?

Es difícil hablar de un todo en una región que se caracteriza la diversidad y no posee  todavía uniformidad política al estilo de la Unión Europea. Las trabas a esa libertad o derecho y al tenor de la experiencia de CIAP son, ejemplo, de tipo legal como el escaso libre acceso a las fuentes gubernamentales y privadas, la amenaza de procesos supuestos delitos de injurias y calumnias. En aspecto económicosocial, una valla es la creciente concentración  en la propiedad de los órganos de prensa y comunicación. Pero, sin dudas un gran obstáculo para el ejercicio profesional, lo constituye la represión física contra los informadores.

¡Qué cree que pueden hacer los diferentes gobiernos de la región para proteger esta libertad y la profesión periodística?

Esa tarea le corresponde no sólo a los gobiernos, sino al Estado en su conjunto, incluye a los poderes Legislativo y Judicial. En general las Constituciones de los países latinoamericanos garantizan aquella libertad, aunque en algunas naciones las leyes del caso no traducen ese principio. Hay otras razones y quiero tomar como ejemplo a Chile que en el exterior posee una agen democrática que no corresponde a la realidad. Durante 17 años de dictadura, el país careció absolutamente de libertad de expresión. La democracia que le sigue heredó la constitución de Pinochet y muchas leyes de carácter restrictivo, como la que rige las elecciones y que deja al margen a las minorías.

La tiranía castrense elinó seis diarios de circulación nacional, 40 radioemisoras y un centenar de revistas. De todos ellos, únicamente dos publicaciones han logrado reaparecer en pobres condiciones. Los cotidianos, cuya circulación fue permitida y que obviamente respaldaban al régen, se han convertido en una suerte de monopolio  pues sus publicaciones acaparan el 90 de la lectura en la prensa de papel. Están de hecho respaldados los gobiernos ahora electos pues reciben el 70 ciento de la publicidad estatal.

¿Cree que ejercer el periodismo en Latinoamérica es una profesión de riesgo?

Desgraciadamente en algunos países es de alto riesgo. Sirva de prueba la estadística de CIAP sobre muertes de periodistas violencia. La participación de América Latina y el Caribe en el campo de las víctas es de más del 22 % y ello a pesar de estar al margen de conflictos bélicos, salvo el caso de Colombia. Durante las décadas del sesenta, setenta y parte del ochenta, las dictaduras que emergieron en la región reprieron con extraordinaria saña a los periodistas en Centro y Sur América. Así se explica la matanza de estos profesionales. Mas, aventadas las tiranías, los asesinatos han proseguido, ahora a cargo de grupos mafiosos, policías corruptos y singularmente de narcotraficantes.

¿Qué países son para usted puntos negros del periodismo?¿Cómo ve concretamente la situación en Colombia y México en este sentido?. ¿Cree que el Gobierno puede hacer algo para litar las acciones de grupos armados contra periodistas?

Efectivamente, Colombia encabezó durante décadas la mayor cuota de periodistas asesinados y en esa trágica estadística ha sido reemplazada México en los últos seis años. Sin embargo, en Colombia donde actúa una cincuentenaria guerrilla, no es ella precisamente la que mata informadores. En el libro de Gabriel García Márquez, ‘Noticia de un secuestro’, de 1996, informa que entre septiembre de 1983 y enero de 1991 ‘fueron asesinados los cárteles de las drogas veintiséis periodistas de distintos medios’. Menciona en caso de Guillermo Cano, director del diario ‘El Espectador’ asesinado en 1986. El texto de GGM trata in extenso el secuestro de los periodistas Diana Turbay y Francisco Santos, realizado ‘Los Extraditables’ un grupo armado gangsteril formado los narcotraficantes. La prera, hija de un ex presidente de la República murió en un intento de su rescate y Santos, de ‘El Tiempo’ (Bogotá) logró liberarse y hoy es Vicepresidente de la República.

En México hay también asesinos de periodistas entre los grupos mafiosos, pero muchos casos corresponden a venganzas personales denuncias de corrupción en distintos ámbitos. Debe reconocerse, además, que en los países mencionados, permanece una más que centenaria tradición de violencia y desprecio la vida.

Frente a esa situación lo que cabe es elinar las causas y no sólo litar los efectos.

¿A qué se debe la actitud tan atacante de algunos mandatarios como Hugo Chávez, Rafael Correa o Néstor Kirchner hacia la prensa?

No creo que sea atacante, sino denunciante de muchas falacias y ataques contra esos Jefes de Estado que abundan en la llamada gran prensa de Latinoamérica. Un ejemplo sple: llamar tirano a Chávez es falaz puesto que ha sido elegido, reelegido y refrendado con más del sesenta ciento de los votos en comicios vigilados la Organización de Estados Americanos (OEA). Desde otro ángulo, ellos sólo hacen uso legíto de la respuesta, del universal derecho a réplica que institucionalmente no es aceptado la Sociedad Interamericana de de Prensa (SIP)

¿Cómo ha visto la FELAP el cierre de Radio Caracas Televisión en Venezuela?

Permítame aclarar que no ha habido cierre. Lo que ocurrió es que a esa empresa no se le renovó la licencia para utilizar un espacio radioeléctrico que universalmente es una facultad de los Estados representados los Gobiernos. En Venezuela pera el mismo sistema que rige en Estados Unidos donde las licencias son renovables o no en plazos de ocho años. Los que logran el derecho a utilizar ese bien común, que es el espacio radioeléctrico, en todos los países deben cumplir determinadas normas éticas. Fue en ese terreno que fracasó RCTV cuando respaldo abiertamente el fracasado golpe de estado en contra de Chávez en abril de 2004 y luego al llamar y justificar el magnicidio.

¿Cree que la punidad de los crímenes cometidos contra los periodistas y la autocensura siguen siendo los principales problemas de la prensa en América Latina?  

La punidad en referencia es manifiesta y agrega otro rasgo negativo a los crímenes ahora cuenta del Poder Judicial. Los asesinos del periodista chileno José Carrasco Tapia, asesinado con sevicia en 1986, han sido sancionados, condenados en 2006; ocho años pasaron para descubrir quienes mataron a Manuel Buendía en México (1984) y otros tantos tardó castigar a los verdugos de José Luis Cabezas, de Argentina (1997). La lista sería interminable.

El problema de la seguridad de los informadores en su ejercicio profesional se viene tratando desde hace medio siglo en reuniones y organizaciones internacionales. Ha sido considerado en Unesco y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero nunca se ha logrado la adopción de medidas dirigidas a prever, a resguardar que, entre otros elementos, ha habido y hayuna férrea oposición de la parte  empresarial, so pretexto de que cualquier acción preventiva constituiría una intervención de los Gobiernos.

En mayo pasado, en una conferencia organizada Unesco y MERCOSUR en Montevideo, propusos la creación de fiscales especiales para los atentados a periodistas y el aumento de las penas a quienes los asesinen. Fue aceptada la idea que luego, lógica, debería ser materializada los Gobiernos. ¿Cuántos años transcurrirán para ello?