Sogecable no ha respondido oficialmente a la Guerra del Fútbol que reabrió el martes pasado al anunciar que cortaba la señal a Mediapro. No obstante, su buque insignia, El País publica esta mañana un duro editorial contra la productora, acusándoles de irrumpir el tranquilo mercado de los derechos futbolísticos con intereses especulativos, alejados de la prudencia mercantil y con absoluta falta de transparencia. El diario también apela al gobierno socialista para que resuelva la situación con un criterio mayor que el establecido el PP en su Gobierno. Palos para todos.
En un duro editorial, El País señala esta mañana que la estrategia de Mediapro en el tema de los derechos del fútbol ha roto ‘el equilibrio al que se había llegado entre todas las teles, motivos de audiencia como la Sexta o para conseguir abonados como Digital Plus y los operadores de cable o políticos como las autonómicas. ¿La razón? Según El País la intervención especulativa de intermediarios, como es el caso de Mediapro, ‘cuya actividad en este terreno parece alejarse de lo que exige la prudencia mercantil, amén de llevarse a cabo con una absoluta falta de transparencia’.
El País recuerda que Audiovisual St ha denunciado los reiterados incumplientos de Mediapro respecto a los contratos y acuerdos suscritos entre ambas compañías. ‘En derecho, los pactos están para ser cumplidos, y Audiovisual St pone de relieve que se había acordado que ella, como titular de los derechos de los clubes, fuera la encargada de renegociar los contratos, pacto que no se ha respetado’, Continúan señalando.
EL rotativo también nos recuerda a José María Aznar. ‘El conflicto nos retrotrae a los días de la guerra digital lanzada el Gobierno de Aznar contra los medios de comunicación que no le eran obedientes. La petición del PP en el sentido de que medie el Gobierno a través del Consejo Superior de Detes sólo pone de relieve con qué facilidad el mundo del fútbol ha sido utilizado ese partido de manera demagógica, hasta el punto de aprobar la famosa Ley del Fútbol que establece la obligación de emitir semanalmente un partido la televisión en abierto, sin que nadie especifique quién y cómo ha de pagarlo’.
Continúa diciendo: ‘El coste actual del fútbol televisado se acerca a los 400 millones de euros anuales, y las promesas hechas Mediapro se ignora con qué avales, si existen podrían elevar dicho coste hasta los 600 millones. A raíz de la demagogia inventada Aznar y Cascos, el fútbol para todos puede convertirse en el nuevo pan y toros de nuestra política, pero alguien tendría que decir quién va a pagarlo’.
También mandan un recado al Gobierno socialista. ‘Ahora le toca, sin embargo, al partido socialista demostrar que tiene un criterio más moderno y evolucionado que el de la derecha sobre el tratamiento de cuestiones que afectan, desde luego, al interés público’. También apelan a los tribunales. Es a dichos tribunales a los que toca decidir si las partes involucradas no llegan a un acuerdo que parece probable en este momento. Cualquier mediación de otro género debe ser lo demás bienvenida, la haga el Gobierno o la oposición (que cierto ha interferido de forma directa y abusiva a través de las televisiones públicas que controla en Madrid y la Comunidad Valenciana). Es obligación de las autoridades velar el interés general, desde luego, pero nuestro Estado de derecho se basa en leyes y normas definidas que es preciso respetar
Concluyen con una sentencia lapidaria señalando que ‘la irrupción del filibusterismo en este terreno no puede ser asumida como una nueva guerra entre medios, y es ridículo suponer que una empresa solvente y cotizada en Bolsa se vaya a rendir ante la demagogia sin defender el derecho de sus accionistas y clientes. La complacencia con quien rompe las reglas de juego será un camino directo hacia el desastre para quien la practique. Lo que está en juego, en definitiva, es la solvencia y el futuro de las empresas de comunicación y de los clubes de fútbol’.
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