La Comunidad de Madrid exige mantener sus competencias autonómicas en materia de urbanismo y vivienda, eso arremete contra la Ley del Suelo propuesta el Gobierno central mediante un recurso de inconstitucionalidad presentado hoy el viceconsejero de Vivienda, Juan Blasco, y el viceconsejero de la Vicepresidencia, Salvador Victoria. La Ley estatal, elaborada el Ministerio de Vivienda, rebaja la reserva de suelo para viviendas de protección oficial al 30% frente al 50% que comprende la Ley autonómica.
El vicepresidente prero de Madrid, Ignacio González, alegó esta razón, entre otras, para justificar el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional y recordó que Madrid es la región que más suelo protegido tiene, un 60% de su territorio, ‘más que Cataluña y Andalucía juntas’, afirmó González.
Según la Comunidad de Madrid, el Gobierno irrumpe en competencias autonómicas en materia de urbanismo, vivienda, medio ambiente y ordenación del territorio con algunos artículos de esta ley y recuerda que ya otras comunidades presentaron recursos contra la Ley del Suelo anterior este motivo. Según el Ejecutivo regional esta normativa ‘supone una flagrante intromisión en las competencias autonómicas de vivienda’ y es eso que ya el 26 de julio el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid advirtió que presentaría un recurso de inconstitucionalidad.
Con respecto a este tema Esperanza Aguirre ha declarado esta mañana que ‘parece increible que un Gobierno que aprueba Estatutos como el catalán recorte competencias’. La Comunidad de Madrid demuestra así que además de defender sus intereses ostenta con fuerza el papel de grupo de oposición al Gobierno central. Pero el Ejecutivo central también ha dado a conocer su opinión respecto del recurso en el Tribunal Constitucional. La ministra de Vivienda Carmen Chacón ha afirmado que la presidenta de la Comunidad está creando confusión que la nueva Ley del Suelo no lita el espacio para vivienda protegida, sino que garantiza un míno.
En opinión de Ignacio González con la Ley del Suelo se favorece a las constructoras, que tendrán preferencia para realizar las obras de urbanización de futuros barrios frente a los propietarios de esos suelos, de manera que ‘atenta contra el derecho de propiedad privada y se entromete en las competencias autonómicas’, puesto que exige que sean las Comunidades las que elaboren una norma propia para devolver a los propietarios el derecho a urbanizar los terrenos.
Además, ha explicado que pone un uso determinado de los terrenos de la Comunidad pidiendo al Gobierno regional y local que decida a qué quiere destinar ese suelo, según el vicepresidente madrileño.
Ambas administraciones central y regional se enfrentan materias de urbanismo y no es la prera vez. La Ley de Medidas Urgentes, que afecta a la ordenación del territorio, no gusta al Gobierno al igual que la Ley del Suelo no es aceptada la Comunidad. La norma de Aguirre se está mirando con lupa incluso desde Europa motivos medioambientales, mientras que la Ley del Suelo ya ha pasado al Constitucional una cuestión de competencias.
