El Ayuntamiento de Madrid le pide ayuda al Ministerio de Vivienda para acabar con la precariedad de aquellos que viven en minipisos, en locales habilitados como residencias y que duermen en ‘camas calientes’ (que se alquilan turnos). La ministra Carme Chacón está dispuesta a colaborar para terminar con esta situación. Tras un prer contacto en julio donde manifestó la voluntad de entendiento, en la próxa reunión se concretarán las medidas a llevar a cabo.
Los principales afectados esta situación son los inmigrantes que viven en condiciones infrahumanas. Según datos oficiales, uno de cada cinco inmigrantes vive en menos de diez metros cuadrados. En un mismo piso pueden llegar a convivir 35 personas con todo lo que eso conlleva: falta de espacio, situaciones de insalubridad, mayor riesgo de incendio y en definitiva, inexistencia de calidad de vida.
En París esta circunstancia ya tuvo trágicas consecuencias entre abril y mayo de 2005. En la capital francesa tres incendios en viviendas antiguas y pensiones insalubres donde habitaban decenas de familias costaron la vida a 48 inmigrantes. Este antecedente sirvió para que las autoridades madrileñas conocieran las duras condiciones de vida de gran parte de la población extranjera.
En Madrid también se vive esta preocupante situación, puesto que es aquí donde se concentra el 20% de la población inmigrante de toda España. Un 47% de la población procedente de América Latina, África y Asia viven en habitaciones que han realquilado y casi un 20% vive en menos de diez metros cuadrados, según datos atados la Secretaría de Estado de Inmigración. En el caso de las camas calientes, alquiladas varias personas que se turnan para usarlas, se esta que rondan las 12.000 camas, según un estudio basado en el censo de 2001 y en una encuesta realizada a 900 inmigrantes en Madrid, Barcelona y Valencia.
Estos casos han sido estudiados el grupo de trabajo que se encarga en el Ayuntamiento de elaborar una nueva Ordenanza de Vivienda. Pero se encuentran con el obstáculo de las competencias a la hora de intervenir, tal y como afirma la concejala de Urbanismo y responsable de la EMV, Pilar Martínez. Lo que se le pide al Gobierno es la suficiente cobertura competencial para poder abordar este asunto. Con este motivo se envió una carta a la ministra Carme Chacón y otra a la delegada del Gobierno en Madrid.
Tras las discusiones entre la capital y el Gobierno central temas relacionados precisamente con la Vivienda y las competencias, llega este intento de colaboración para acabar con esta situación. Lo que quiere el Ayuntamiento es acabar con los formalismos para poder prevenir y no sólo actuar cuando ya se ha producido una situación de peligro.
La Ley reguladora de Bases de Régen Local reconoce las competencias de los municipios en materias como protección civil, prevención y extinción de incendios e, incluso, de ejecución y disciplina urbanística. Pero existe un aspecto fundamental, la adecuación de superficie y residentes, que únicamente se aborda en la normativa sobre vivienda protegida y sólo desde el punto de vista de la adjudicación. Desde el Ayuntamiento se plantea una posible solución a través del arbitrio medio de una cédula de habitabilidad, actualmente denominada licencia de prera ocupación, que establecería un aforo máxo vivienda en función de su tamaño.
Además de las cuestiones que el Ayuntamiento plantea, el Ministerio de la Vivienda quiere tratar en la próxa reunión asuntos como la mejora de la colaboración en rehabilitación, la potenciación del alquiler para jóvenes, y el compromiso del cumpliento de la Ley de Suelo, en lo relativo a la reserva de un míno del 30%o para vivienda protegida, que Aguirre ha llevado ante el Constitucional (Agencias)
