El caso del secuestro judicial de la revista satírica ‘El Jueves’ un presunto delito de injurias a la Corona una caricatura de los Príncipes de Asturias ha llegado a las instituciones de la UE. El caso del secuestro judicial de la revista satírica ‘El Jueves’ un presunto delito de injurias a la Corona una caricatura de los Príncipes de Asturias ha llegado a las instituciones de la Unión Europea.
El eurodiputado británico Robert KilroySilk, del Partido la Independencia del Reino Unido ha planteado una pregunta escrita al vicepresidente de la Comisión y responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini.
En su pregunta, que lleva epígrafe ‘Censura en España’, KilroySilk interroga a Frattini sobre "qué protesta formal ha planteado la Comisión ante el Gobierno español tras la confiscación parte de la policía de copias de la revista satírica semanal ‘El Jueves’ publicar viñetas que supuestamente insultan a la Corona’.
El vicepresidente Frattini señala en su contestación que la Comisión concede una ‘gran tancia’ a la libertad de expresión, que es uno de los ‘principios fundadores’ de la UE. No obstante, añade que Bruselas ‘no tiene, en general, poderes para intervenir en casos de violaciones de derechos fundamentales’.
El Ejecutivo comunitario sólo podría examinar si se ha respetado la libertad de expresión en un caso en el que se pudiera establecer un vínculo con la legislación comunitaria. ‘Este vínculo no se ha establecido en la situación descrita’, apunta Frattini.
‘Las autoridades nacionales, incluidos los tribunales, deben garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales en general y de la libertad de expresión. En últa instancia, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo es el órgano competente para decidir sobre los méritos de un caso’, concluye el vicepresidente de la Comisión.
El pasado vies 20 de julio, orden del fiscal general del Estado, Del Olmo ordenó el secuestro del número 1.573 de la revista satírica ‘El Jueves’, que en la tada aparecía una caricatura de los Príncipes de Asturias en una posición ‘irreverente’. El auto dictado el juez causó un gran revuelo y actualmente se ha creado un gran debate social.
Ante la polémica suscitada, De la Vega también quiso dejar claro que en este asunto existe una absoluta independencia judicial: ‘El fiscal general es una institución del Estado a quien le incumbe el ejercicio de la acción penal, que la ejerce con autonomía e independencia de criterio. Y en este caso en concreto, ha actuado con absoluta independencia’.
EUROPA PRESS
