Los días 25 y 26 de octubre, 500 empresarios del sector de la atención a la dependencia se reunirán en Madrid con la Administración Central y las autonómicas para analizar el desarrollo normativo de la Ley de Dependencia. A diez meses vista, es momento de hacer balance del 'nuevo' marco legal, y bajo el lema 'Empresa y Administración. Cooperando ante la Dependencia', los profesionales de la patronal tratarán de 'poner los puntos sobre las íes' y que esa cooperación crece al ámbito de la sanidad y el bienestar social. A falta de poco más de un mes para el Congreso, PRPacientes ha hablado con José Alberto Echevarría, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), y adelantar así 'la que se avecina'.
¿En qué ha mejorado la Ley de Dependencia desde su naciento?
Desde que salió poco ha mejorado. La Ley de Dependencia no deja de ser un marco, algo que era necesario y que todos estábamos esperando que saliera, pero el sentido que todavía vaya a adquirir dependerá del desarrollo que lleve. Es ese desarrollo reglamentario lo que ahora está configurar. Ha salido el Real Decreto para ver el grado de dependencia de las personas, y para dibujar la línea que separa las dependientes de las que no lo son; ha salido una reforma de seguridad social, otra de intensidades mínas, etc., pero hay cuestiones fundamentales que afectan muy principalmente a lo que es la Ley de la Dependencia y al sentido que va a tomar y que todavía no está desarrollado. Por ejemplo, cuales van a ser los servicios que van a tener las personas, en función de su grado de dependencia; cuál va a ser su forma de contacto; con qué centros se va a contar; el sistema de acreditar esos centros… son cuestiones fundamentales que todavía están decidir.
¿Y cuál es la labor de la FED en estas decisiones?
Nosotros somos los operadores privados y nuestra labor en este sentido, al ser una federación empresarial, es lógicamente la defensa de los intereses de las empresas asociadas y, en este caso también, la cooperación con la Administración. Tenemos que tener en cuenta que el 75% de la atención a la dependencia, tanto a las personas mayores como a los enfermos, se está prestando desde los operadores privados. Por lo que, lógicamente, con nosotros hay que contar, y nuestro deber es ponernos a su disposición para colaborar, tanto a nivel nacional como autonómico. Y ahora habrá que ver también la voluntad de las distintas Administraciones.
¿Qué ha preparado FED para el Congreso?
Lo que queremos ver es cómo va a ser ese desarrollo de la Ley de Dependencia. Sabemos que se tiene que desarrollar a partir de los recursos que hay: hay que mirar, ejemplo, los costes. Hay que pensar en la sostenibilidad del sistema, algo fundamental, saber con qué recursos se va a contar para ella. Cuáles van a ser esos criterios de profesionalización, de acreditación de los centros, con qué profesionales se quiere contar… Pensamos que, a 10 meses vista de la puesta en marcha de la Ley, es un momento tante para reflexionar.
¿Qué le falta a la Ley de Dependencia?
Esta Ley, que es el marco de la cuestión, si no tiene un desarrollo reglamentario, coherente y lógico que se aplique no vale. Y a día de hoy nadie ha mandado ningún recurso y nadie ha sido beneficiado los recursos que la Ley le puede dar que está sin definir todavía.
¿Y a qué se está esperando para definirla?
Supongo, bueno estoy convencido, de que esto será un tema de encaje. Son temas que el Consejo Territorial, que es órgano competente para este desarrollo, y en el cuál participa la Administración del Estado y todas las Comunidades Autónomas, tiene que ir encajando. La Ley emana de la Administración General del Estado, y el encaje es difícil, no sólo a nivel político, sino también de competencias. Hasta el momento cada uno tenía su forma de atender a estas personas y ahora hay que encajar todo esto con lo que se está señalando desde la Ley, y se están encontrando con situaciones difíciles, sin llegar a los acuerdos fáciles que todos queríamos y que todos esperábamos. Yo creo que esta es la cuestión. Ahora ya estamos en septiembre y quedan muchas pestañas básicas definir.
¿Y de quién depende realmente?
Desde luego de las Administraciones. Nosotros lo que estamos pidiendo es colaboración para, ejemplo, cuando haya que hablar de la calidad de los servicios, de los profesionales… Nosotros indicamos cuál es nuestra opinión que somos los conocedores, pero quién tiene que emanar estas leyes, estos reales decretos, para hacerlos funcionar, es el Consejo Territorial, esto es, la Administración Central del Estado junto con las Comunidades Autónomas.
Entonces, ¿nos enfrentamos a un problema económico?
No, el problema es de voluntad, de ponerse de acuerdo… "qué vamos a hacer con este tema y con este otro…".
¿Qué proyectos e iniciativas vais a llevar al Congreso? ¿De qué manera vais a plantear la situación?
Nosotros lo que vamos hacer fundamentalmente en el Congreso es un análisis, viendo qué han hecho nuestros vecinos. Visto como ha sido el cla de la financiación pues ver si es válido, los problemas de desarrollo de la Ley… también las iniciativas que han ido teniendo las diferentes Comunidades Autónomas, que cada viene de modelos diferentes y algunas funcionan bien y otras no tan bien. El Congreso es, básicamente, una toma de datos, un análisis para ver dónde deberían ir los temas y dónde no.
¿Cuál es el mejor modelo a seguir?
Hay varios, y cualquiera de ellos es bueno. Ahora mismo los que se están analizando son perfectamente válidos. El inglés, el alemán y el francés… cada uno tiene unas particularidades, pero ya llevan unos años de aplicación y se podría optar uno o otro. Sin ninguna duda los tenemos ahí y nos sirven para saber cuáles han sido sus fallos y sus inconvenientes, y cuáles han sido sus aciertos. Ya que están ahí pues vamos a coger lo mejor de cada uno y no caer en los mismos errores que ellos. Pero también se puede optar un modelo diferente.
¿Qué es lo prero que te viene a la cabeza como lo mejor y lo peor que tienen?
Esto es un análisis muy exhaustivo pero, ejemplo, algo que no se ha tenido aquí mucho en cuenta y que en estos países sí se ha hecho es la coordinación sociosanitaria. Si todos los españoles tenemos garantizado el sistema sanitario a través del sistema público de Salud, está claro… las personas en una situación de dependencia tienen una necesidad de ser atendidas y un derecho. En todo desarrollo y en toda la elaboración y en toda la aplicación, ahora, esa coordinación no existe. Esto es un problema de coordinación entre dos administraciones o dos partes de una misma finalidad.
