‘Público’ abría su edición del domingo pasado con una historia sobre Roberto GarcíaCalvo y Montiel, Magistrado del Tribunal Constitucional, al que se le atribuían titulares como ‘Las maniobras de un juez ultra en el Constitucional’ y ‘La sombra del franquismo sigue en el Constitucional’. Frente a esto la Asociación Profesional de la Magistratura ha respondido señalando que estas informaciones ‘constituye un claro ejemplo de pseudoinformación denigratoria, de periodismo amarillo y malintencionado del que se califica sí mismo’. Así de duros…
En un comunicado remitido a los medios la asociación ha señalado que siempre han defendido ‘que quienes ostentan y ejercen un poder público necesariamente han de estar sometidos al control y expuestos a la crítica que en relación con el ejercicio de su función pueda provenir de los medios de comunicación como instrumentos trascendentales que son en orden a la formación, prescindible en una sociedad democracia, de una opinión pública plural y libre’.
No obstante, los magistrados ni han encajado nada bien el retaje y acto seguido, dejan en claro que ‘una cosa es el control y la crítica que siempre y legítamente pueden ejercer los medios de comunicación y otra bien distinta la narrativa descalificadora o deslegitadora que, sobrepasando los más amplios límites a los que cabría someter la libertad de información, se destaca y califica la indisulada intención de desacreditar o denigrar la fama, consideración y honor de las personas’.
De esta manera, califican la información del diario de Jaume Roures ‘como un claro ejemplo de pseudoinformación denigratoria, de periodismo amarillo y malintencionado del que se califica sí mismo y que no sólo atenta contra la profesionalidad y buen nombre del Magistrado afectado sino que repercute muy negativamente sobre la agen confiable de funcionamiento independiente y regular que corresponde a un órgano del Estado de la máxa trascendencia como el Tribunal Constitucional’.
Los magistrados han exigido respeto para el Tribunal y para todos y cada uno de sus Magistrados, ‘de cuya honorabilidad, profesionalidad y altura jurídica e intelectual no tenemos mína duda’ y han aprovechado además de hacer ‘una llamada a la prudencia y a la responsabilidad convencidos de que el abuso en el ejercicio del derecho a la libertad de información constituye uno de sus mayores disolventes; de que se puede informar sin descalificar; de que la opinión pública de una sociedad democrática, libre y plural se forma sobre la base de una información veraz y una opinión serena y mínamente argumentada, y de que la pseudoinformación y la opinión puramente narrativa y denigratoria amén de incompatibles con la ética y buena práctica periodística, tan solo pueden generar desconfianza y crispación’, han concluido..
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