El Congreso de los Diputados ha acogido hoy un encuentro internacional organizado el Observatorio de la RSC, CEPES y Servedia acerca del marco internacional de la RSC. Representantes del Gobierno español, Unión Europea, Naciones Unidas, OCDE y el propio Congreso han departido sobre la actualidad de una disciplina que aún no ha encontrado un marco internacional idóneo. Entre las principales conclusiones, destacar la conveniencia de que sean las organizaciones supranacionales y las administraciones locales quienes marquen las pautas a seguir.
Juan José Barrera, Director General de Economía Social, Fondo Social Europeo y Trabajo Autónomo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha sido el encargado de abrir una jornada que ha reunido a más de trescientas personas en la sala de Columnas del Congreso de los Diputados. Barrera ha destacado los avances realizados durante la legislatura, como la puesta en marcha del Plan Concilia, la Ley de Incompatibilidades de los poderes públicos o la gran apuesta del ejecutivo, la creación del Consejo Estatal de RSE, un organismo que agrupará a empresas, sindicatos (trabajadores), ciudadanía (ONG’S, académicos…) y Administraciones Públicas (no solo gobierno central, sino Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), cuya creación está prevista para el próxo 12 de noviembre vía Real Decreto.
Tras el representante gubernamental, ha sido Manfred Schekulin, presidente del Comité de inversiones de OCDE, quien ha tomado la palabra para resumir las directrices relativas a la materia que propugna la organización, unas directrices de carácter voluntario y vinculantes, que tienen como propósito establecer políticas generales y contribuir al desarrollo económico y social, respetando los derechos humanos. Uno de los puntos más comentados de su alocución ha sido el relativo a los puntos de contacto nacionales existentes en cada país adherido a estas directrices, mediadores en el caso de que se detecten y denuncien incumplientos de las mismas.
Chip Pitts, de Naciones Unidas, ha destacado tres grandes pulsores de la RSE (éticos, de mercado y legales), al tiempo que recalcaba la necesidad de crear un marco legal global para la materia. Así mismo, Pitts ha enumerado los diferentes esfuerzos realizados Naciones Unidas en la materia, como la creación del Global Reting Initiative en 1997, el Global Compact de 1999 y la subcomisión de los derechos humanos de 2003, entre otros.
Por su parte, Richard Howitt, tavoz del parlamento europeo sobre RSC, ha hecho especial hincapié en el debate acerca de si las prácticas de RSC deben ser voluntarias o no, decantándose esta últa opción. Así mismo, Howitt ha alertado acerca de un dato: según un estudio reciente de la OCDE, el 60% de los informes presentados voluntariamente no son auditados un agente externo a las compañías. Estos informes – para el representante socialista ‘no obligan a las compañías a hacer cambios en sus políticas medioambientales’. Howitt, además, ha recalcado la tancia de involucrar a los proveedores en las políticas responsables de las coraciones, al tiempo que abogaba plantar delegaciones comunitarias en cada país para velar el buen funcionamiento de los puntos de contacto nacionales.
Ramón Jáuregui, Presidente de la Subcomisión de Responsabilidad Social en el Congreso, ha sido el encargado de cerrar la mesa con una ponencia corta pero explícita. Para el diputado, existe una relajación social respecto a las condiciones laborales ofertadas las empresas, algo que posibilita la plementación de prácticas de Responsabilidad Social. Así mismo, Jáuregui ha criticado la confusión entre RSC y Acción Social, esta últa en forma de g social y proliferación de fundaciones, poniendo el ejemplo de la norteamericana WallMart, criticada su política de recursos humanos pero patrocinador de eventos de RSC. La falta de plicación de los proveedores en la materia y la incertidumbre existente acerca de si realmente existe una demanda social acerca de la materia, y en este caso, como fomentarla, han sido otros de los aspectos resaltados el político.
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