Conducir sobrepasando ampliamente el límite de velocidad, con una elevada tasa de alcohol, sin tener permiso de conducir o de forma que afecte gravemente a la seguridad del tráfico será en breve delito con pena de cárcel, ya que, si todo ocurre como está previsto, el Congreso de los Diputados aprobará hoy la reforma del Código Penal que así lo establece. En opinión de las asociaciones de víctas, la reforma es positiva para la seguridad vial, aunque es sólo la prera parte de una gran cantidad de trabajo para que el número de víctas disminuya.
Una vez que el nuevo Código Penal entre en vigor, y después de una moratoria de cinco meses, podrán ser mandados a prisión aquellos conductores que nunca hayan obtenido el permiso, algo que hasta ahora era considerado splemente como falta administrativa; la Dirección General de Tráfico calcula que hay 30.000 de estos conductores en toda España.
Además, se penará la velocidad superior a 200 kilómetros hora en autovía, a 180 en carretera y de 110 en vía urbana; alcoholemia superior a 1,2 gramos en sangre; conducir tras haber perdido todos los puntos del carné y negarse a efectuar un control de alcoholemia o de drogas con penas que irán entre tres meses y cinco años de cárcel.
Sin embargo, y según ha expresado el diputado de Convergencia i Unió y presidente de la Comisión de Seguridad Vial en el Congreso, Jordi Jané, los diputados esperan que la reforma no se aplique mucho, lo que será un síntoma de éxito, que querrá decir que ha causado un efecto disuasorio, que es lo que realmente se busca.
Además, según explicaron ayer el director general de Tráfico, Pere Navarro, y el Fiscal Delegado de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, la nueva norma no busca los castigos penales, que sólo se aplicarán a las infracciones más graves, si no la reinserción y concienciación de los conductores que no respeten el Código Vial. Para ello, una de las sanciones más comunes será realizar trabajos en favor de la comunidad en centros de recuperación de lesionados en accidente de tráfico.
A lo largo de su intervención en el Congreso, Jané también ha recordado que la reforma no se dirige al conjunto de la sociedad, si no sólo a los conductores infractores y además reincidentes, lo que servirá, además, para proteger a todos los demás. Pese a su posición como diputado, el presidente de la Comisión de Seguridad Vial ha lanzado un toque de atención al Congreso, cuando ha afirmado que, además de aprobar la norma, se deben mejorar las infraestructuras y cambiar la señalizaciones y límites de velocidad que deban ser cambiados (como la litación en una zona escolar en el supuesto de que esta haya dejado de serlo).
Por su parte, las asociaciones de víctas (algunos de cuyos representantes estaban presentes hoy en el Congreso) han mostrado su satisfacción la nueva norma, aunque han matizado la necesidad de que se acompañe mayores y mejores medios de vigilancia y, sobre todo, de una mejora de la voluntad política para que sea aplicada.
Además la Asociación Estatal de Víctas de Accidentes (DIA) ha emitido un comunicado en el que recuerda a la Administración sus competencias en materias como elinación de puntos negros; mejora de los firmes, trazados y señalización de las carreteras; incremento de los medios técnicos y equipamiento moderno para las fuerzas de seguridad, y aumento de las plantillas de las fuerzas de seguridad, que además de sancionar deben realizar labores de educación vial a los infractores.
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