Abogado de profesión, conoce perfectamente las necesidades y prioridades de las personas con discapacidad y ha hecho un balance para PRPacientes sobre las cuestiones que en el año 2007 más inquietó a este colectivo.
Oscar Moral es el asesor jurídico del Comité Español de Representantes de Minusválidos. Este departamento funciona desde el año 2000, a pesar de que las consultas llegan al CERMI desde que se fundó en 1997. Cada vez hay más consultas ¿más dudas? ¿falta de información? Oscar Moral nos lo explica, esto y más peculiaridad del CERMI y del colectivo al que representa.
¿A qué se puede deber este aumento en las consultas del CERMI?
El incremento de número de consultas se debe a varias cosas pero, principalmente, a que las personas con discapacidad son cada vez más conscientes de sus derechos y de que deben y tienen que hacer consultas para conocer su situación que, con ellas, es posible resolver problemas diarios. Obedece a esto. También a la difusión que se va realizando desde esta asesoría y al boca a boca. Con todo esto es lógico que vayan acudiendo un mayor número de personas.
¿Hay podido influir también la Ley de Autonomía Personal y los nuevos derechos surgidos con ella?
La Ley salió en 2006 y ha tenido su prer año este pasado 2007, lo que ha dado tiempo a generar cierto número de cuestiones pero que quizá todavía no han llegado a la sociedad de forma trascendente. Las personas están un poco a la expectativa y la plantación del sistema todavía está en sus inicios, lo que pide que se generen un gran número de consultas. Las hay, sí, pero las referidas a la ley y a los nuevos derechos no han sido las mayoritarias.
¿Y cuál ha sido el tema estrella?
El tema fundamenta, el que mayor número de consultas genera, es la elinación de barreras en los edificios privados, los sometidos a la Ley de Propiedad Horizontal. No poder entrar y salir de su edificio con total libertad e independencia una barrera arquitectónica, vivir en un piso sin ascensor, tener escaleras o tener escalones es lo que más preocupa al colectivo de personas con discapacidad. Este es, sin duda, el asunto estrella y además de forma desprocionada respecto a los demás. Es una cifra que ronda la tercera parte del total.
¿Y cuál es la labor del CERMI en este sentido? ¿Qué estrategia seguis para resolver esto?
Como Organización tenemos una propuesta de cambio normativo, asunto que hemos trabajado conjuntamente con la administración pero que de momento no ha podido salir. Esta ley se ha ido modificando pero lo que solicitamos es un cambio sustancial que permita que los costes de esta elinación de barreras sean sufragados todos los vecinos y que el derecho a entrar y salir libremente del edificio se convierta en un derecho fundamental y humano. Se pide que estas personas no sientan que no puedan salir de su casa, que no se sientan secuestradas. Si no contamos con grandes ayudas estas personas no pueden salir de sus domicilios. Si viven en pisos muy altos es prácticamente posible si no tienen ascensor.
A veces estas situaciones se han producido con posterioridad. Las personas han podido tener accidentes de tráfico, accidentes laborales o enfermedades… La vida te cambia radicalmente y donde antes vivías ahora no puedes y tampoco tienes dinero para mudarte. Nuestra propuesta es un cambio en el que el coste de la obra se socialice con todos los vecinos; que se contemple de la misma manera que con otras obras de conservación o seguridad.
¿Coincide el panorama de este balance con el de años anteriores?
Hay una serie de cuestiones que desde que se puso en marcha este servicio en el CERMI en el año 2000 (aclara que desde 1997, año en que nació el Comité ya había consultas pero el departamento nace como tal tres años después) hay cuestiones que reiteradamente se repiten y que además son siempre mayoritarias mayoritarias.
¿Y de qué cuestiones estamos hablando?
Sobre todo cuestiones en materia de prestaciones públicas. Pensiones, compatibilidad de estas con la actividad laboral. Casos significativos de posibles discrinaciones (o que nosotros entendemos como tales) en acceso a la universidad, en el transte, y en el acceso al trabajo (público y privado). También cuestiones referidas a los derechos y obligaciones referidas al ámbito laboral, consultas fiscales, patronio protegido…
¿Estamos hablando de una inversión muy grande parte de las Administraciones Públicas?
No es tanto una gran inversión parte de las administraciones como el hecho de facilitar el ejercicio de derechos que ya existen. Si hablamos de barreras en edificios privados se trata de establecer líneas de ayuda para subvenciones de crédito con el objetivo de que esto se pueda llevar a cabo. Hay que generar partidas o ayudar a los propietarios pero esto se consigue más con voluntad política y ganas de abordar este tipo de situaciones que con dinero. Este tipo de reformar producen riqueza ya que hay personas con discapacidad que actualmente son pasivas pero que son potencialmente activas. No salen nunca, no tienen actividad laboral y, si estás activa laboralmente y tienes un sueldo al final de mes, te conviertes en consumidor. Generas riqueza, muy al contrario de lo que podría pensarse.
La pasividad y la inactividad es un tema que nos preocupa muy seriamente. Que las personas con discapacidad estén inactivas es un mal que nos afecta, que el número que trabaja es muy escaso.
¿Y cuáles son las líneas a seguir el CERMI es este aspecto laboral?
Tenemos un plan específico bastante intenso del que básicamente te puedo señalar que hay bonificaciones, ayudas al autoempleo, a las personas autónomas… Pedos que en el empleo público haya un mayor grado de voluntad para que las personas con discapacidad puedan participar en esos procesos electivos.
Que el marco jurídico del 2% de las grandes empresas y las medidas alternativas se cumpla; que haya un verdadero control sobre esto y verdadera voluntad de querer aplicarlo, tanto parte de las administraciones y como parte de las empresas. Soy consciente de que hay muchas que tienen voluntad, pero a veces es difícil poder cumplir.
Por otra parte hay que lograr una flexibilidad con el tema de la compatibilidad de empleo y el perfil de algunas pensiones de carácter permanente. Surge la necesidad de establecer algún criterio y no como es actualmente, que hay incompatibilidad, prácticamente manifiesta, lo que dificulta muy seriamente que parte de las personas con discapacidad se incoren al mundo labora.
A rasgos generales ¿estamos hablando de 17 realidades distintas, como se suele decir?
Las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas y, tanto, tiene que haber realidades distintas, tantas como Comunidades Autónomas. Evidentemente hay una líneas muy buenas en las que caminan algunas CCAA, entre ellas la Comunidad de Madrid. Pero a rasgos generales, sí hay realidades muy diversas, eso es cierto, y hay actuaciones que se llevan a cabo en algunas CCAA y en otras no. Pero esto es lógica consecuencia de la transferencia de poderes. La materia está transferida y las CCAA regulan atendiendo a sus criterios y a la demanda de su sociedad. Ahí es donde nosotros también queremos actuar que el CERMI es una organización de ámbito estatal pero que a su vez tiene carácter autonómico.
Habláis de falta de información parte de la Administración ¿a qué os referís? ¿soluciones?
Solucionar esto es fácil y sencillo: crear normas y legislar. Este país está haciendo un gran esfuerzo con las personas discapacitadas: tenemos la ley de igualdad de otunidades, tenemos la ley de autonomía personal, textos que se han desarrollado en buena parte… hay mecanismos, leyes, derechos, reglamentos… y ahora lo que hay que hacer es que todo esto llegue a la ciudadanía en su conjunto.
Nosotros como CERMI tratamos de hacer nuestra labor en este sentido, pero la Administración tiene que hacer un esfuerzo tante para transmitir esto y sólo se puede hacer comunicando, enviando mensajes, para que esta batería de derechos y posibilidad existentes sea conocida. Un ciudadano no informado es un ciudadano sin derechos, lo que supone un problema para una gran parte de la ciudadanía.
La información sobre discapacidad llega muy tamizada o no llega y, al no llegar, nos encontramos con personas que no adquieren una ciudadanía de pleno derecho que están sujetos al vaivén de que les llegue la información o de que no les llegue, de que no saben muy bien dónde recurrir, cómo recurrir… Es ahí donde la administración tiene que hacer un esfuerzo tante.
Es verdad que hay una oficina de atención especializada para recibir quejas y denuncias y es verdad también que desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se ha hecho algún tipo de esfuerzo a través de su secretaría de estado.
Tenemos que conseguir que todos estos derechos, normas y leyes que tenemos en este momento no queden solo en que existen sino que hay que hacer ejercicio de ellos y, para hacer ejercicio, hay que conocerlos prero. Notamos y percibos que las personas son desconocedoras.
¿Cómo funciona el Departamento?
Nuestras consultas llegan correo electrónico, fax, correo ordinario y teléfono… y las contestamos el mismo sote. Presencialmente no solemos atender las quejas que esto requiere un gran de infraestructuras de las que no disponemos, y lita el número de visitas que se necesita un míno de media hora con cada uno. Nosotros pretendemos dar respuesta a todos, dar una indicación y, si es posible, una solución, sino pues derivarlos a los mecanismo adecuados.
¿Podemos estar hablando de un perfil concreto de población? (en cuanto a edad, sexo…)
Sin datos en la mano te puedo decir que estamos hablando de una realidad muy heterogénea. Evidentemente estamos hablando de una franja de edad entre los 30 y los 60 en la entran todos los asuntos y todas las edad. Para los menores, ejemplo, acuden sus padres pero también es muy heterogéneo. Tampoco las consultas provienen desde un lugar fijo, llegan de todo el territorio nacional y varia con los años. Es aleatorio. A prera vista no hay criterio palpable.
¿Y cuál es el papel de los Medios de Comunicación en esta cadena?
Yo creo que sustancial e tantíso. El últo caso en el que hemos intervenido demuestra la idea de que cuando la información llega a la ciudadanía las cosas se reciben.
Los medios de comunicación hicieron una presión tan desbordante de un asunto que es manifiestamente discrinatorio que gracias a ellos se ha resuelto. Además, quiero decir que, lo que he visto y leído, se ha tratado de una forma muy correcta, nada sensacionalista, lo que ha ayudado a su resolución.
También cosas como esta entrevista. Que los medios se interesen la existencia de un mecanismo, como es esta asesoría jurídica, que trata de dar respuestas y de buscar soluciones para ayudar a las personas con discapacidad. Entiendo que la sociedad en su conjunto tiene la obligación de ser participe de transmitir lo que las personas con discapacidad quieren, que no es otra cosa que ser ciudadanos como el resto de ciudadanos. Tener los mismos derechos y también las mismas obligaciones, supuesto.
