La protección de un periodista ante las demandas es un hecho que no termina de quedar resuelto en la legislación española. Una buena muestra de ello es que lo que ha acontecido a un redactor del ‘Diario de Almería del Nuevo Siglo' que ha sido condenado a pagar una fianza de 200.000 euros y 120.000 su periódico presuntas injurias y calumnias contra el hermano de Manuel Cháves.
La propia Asociación de Periodistas de Almería ha manifestado su inquietud ante la elevada fianza fijada un juzgado de la ciudad al dictar auto de apertura de juicio oral frente al periodista que dirige el periódico gratuito ‘Diario de Almería del Nuevo Siglo'. En la resolución se señalan las fianzas para responder de posibles responsabilidades civiles, es de 204.000 euros para el periodista y 120.000 euros a la sociedad editora. Se estableció un plazo de 24 horas para su constitución.
El procediento nace de una denuncia de Antonio José Chaves González, presuntas injurias y calumnias, a raíz de una información aparecida en Diario de Almería, que abría en prera página con el titular de ‘El hermano de Chaves acumula deudas con la Seguridad Social tras recibir obras en Almería'. El propio denunciante remitió al diario un escrito de rectificación, que fue publicado en su integridad.
El acusador particular pide dos años de prisión calumnias, o subsidiariamente una multa de 14 meses a 150 euros diarios (unos 65.000 euros); además de una indemnización de 90.000 euros, que sería de carácter solidario con la empresa. No se ha presentado acusación pública parte del ministerio fiscal. Para la Asociación de Prensa de Almería y para una serie de otras asociaciones de periodistas esta fianza es absolutamente desorbitada, ya que incluso duplica el monto pedido el demandante y cuadruplica lo solicitado específicamente al periodista.
Para los periodistas de Almería, ‘este tipo de decisiones judiciales perjudican gravemente al medio y al profesional, que aparte de llevarlos a la ruina, puede desembocar en el cierre de la publicación, caso de no poder responder a lo requerido, y a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo'. El sindicato de informadores señala que ‘sin entrar en detalles de la causa, ni en los contenidos de la información que han provocado la denuncia quiere poner de manifiesto la difícil situación en la que se encuentra el periodista'.
El caso es que este tipo de decisiones no favorecen la libertad de expresión ya que ponen de manifiesto el desequilibrio que a veces existe entre la defensa de los derechos de los periodistas y la del honor de los ciudadanos que se consideran difamados. La Asociación concluye señalando que ‘cualquier ciudadano puede ir a los tribunales, si cree que un medio ha lesionado su derecho al honor, pero es deseable también que no se ponga la asfixia económica del periodista y de la publicación'.
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