El Justicia (figura usada en Aragón para designar al Defensor del Pueblo de la Comunidad), Fernando García Vicente, en colaboración con varias asociaciones de víctas, pedirá formalmente la creación de un Instituto de Seguridad Vial propio. García Vicente hará entrega al presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, de un documento elaborado representantes del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza, la Guardia Civil y la Policía Local, la asociación Stop Accidentes, la Asociación Española de Centros Médicos y Psicotécnicos (Asecemp), la Sociedad Aragonesa de Medicina de Urgencias y Emergencias, la Asociación Mutua Motera y la Fundación UNIR.
En este documento, fruto del trabajo de más de un año, se describen las características del futuro Instituto y sus principales funciones, al tiempo que se sugiere que se cree en el ámbito de la Diputación General de Aragón, aunque con personalidad jurídica propia, autonomía administrativa y financiera, independencia técnica y plena capacidad de obrar.
Entre las funciones de la institución estarían asesorar al Gobierno regional en medidas que sirvan para reducir los accidentes de tráfico y sus consecuencias, coordinar y fomentar actuaciones de los diferentes organismos con competencias en seguridad vial, proponer un Plan Estratégico de Seguridad Vial de Aragón, confeccionar estadísticas detalladas sobre los accidentes de tráfico en Aragón y sus causas, fomentar la Educación Vial y colaborar en la asistencia a las víctas de accidentes.
