La Dirección General de Farmacia del Gobierno de las Islas Baleares ha iniciado este mes un ciclo de sesiones clínicas dirigidas a profesionales sanitarios en las que se hablará sobre la seguridad de los medicamentos y su efectividad en la población.
Según informa el Gobierno autonómico y recoge en su web el periódico digital Libertad Balear.com, las sesiones se realizarán a lo largo del 2008 en todo el archipiélago y las desarrollarán técnicos del Centro de Farmacovigilancia de Baleares, que depende de la Consejería de Salud y Consumo y a los mismos está previsto la asistencia de médicos y farmacéuticos de los diferentes ámbitos sanitarios, públicos y privados, y de todos los niveles asistenciales Atención Praria, Especializada y Sociosanitario.
El principal objetivo de estos cursos, como apuntan desde la administración balear, es dar a conocer el programa de notificación espontánea, conocida como ‘tarjeta amarilla' que está plantada en la comunidad balear, además de las últas novedades legislativas que afectan a los profesionales sanitarios.
A propósito de esta últa novedad la ‘tarjeta amarilla' ésta consiste en un preso que tienen que rellenar los profesionales sanitarios en el que se hacen constar los datos de la persona afectada una reacción adversa a un medicamento, así como el motivo de la prescripción, el desenlace del caso y el facultativo que lo notifica.
Después la información es enviada al Centro de Farmacovigilancia donde los técnicos evalúan e incoran la información en una base de datos denominada FEDRA, cuyos datos son enviados a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.
Ya aquí, y dependiendo de la gravedad de los casos y valorando el medicamento en cuestión, se generan señales de alerta que pueden originar que se prohíba la comercialización del medicamento que se retire del mercado o que se modifiquen las condiciones de prescripcióndispensación para que tenga un especial control médico.
También se puede cambiar la ficha técnica y el prospecto dónde se describen los efectos adversos que ya se conocen de los fármacos. En definitiva, lo que se pretende es que tanto gobierno como profesionales sanitarios (médicos y farmacéuticos, sobre todo) tengan mayor control sobre la seguridad de los medicamentos que se dispensan a la población.
