Cuando aún estamos de resaca electoral y aún no se ha formado el que será el próxo Gobierno, el Comisariado Europeo del Automóvil ha hecho públicas sus peticiones al nuevo Ejecutivo. Aunque algunas ya habían sido mencionadas José Luis Rodríguez Zapatero y sus compañeros de partido a lo largo de la campaña, y otras son compartidas con otros clubes de automovilistas y asociaciones de víctas, CEA las ha reeditado buscando el compromiso firme de los políticos en materia de seguridad vial, un ámbito que mejoró en la pasada legislatura, pero en el que España aún está muy debajo de otras naciones europeas.
En prer lugar, CEA reclama un compromiso firme para conseguir una reducción de los accidentes y las víctas mortales; una mejora en la atención a los heridos en accidentes de tráfico; un aumento de la Seguridad Vial en las infraestructuras viarias; la consecución de una movilidad sostenible, y la lucha contra la punidad de la que disfrutan los causantes de accidentes con víctas. Pero como las intenciones no lo son todo, el Comisariado propone una batería de medidas cuantificables, merced a las que se llegaría a dichos objetivos.
Y estas medidas (12 en total) podrían dividirse en dos grupos, en función de su inclusión o no en el programa electoral del PSOE. Entre las que habían sido mencionadas ya el partido está la conversión de la actual Dirección General de Tráfico (DGT) en un organismo interministerial con competencias transversales; CEA propone una Secretaría de Estado, los socialistas no concretaron si el organismo será ese o una Agencia Estatal, aunque los resultados, a grandes rasgos, serían los mismos.
Por otro lado, la renovación del Plan Prever, una petición común a las asociaciones de automovilistas, fabricantes y concesionarios, además de la propia CEA, no está contemplada, al menos en un prer momento, el nuevo Gobierno. El estableciento de la Educación Vial como materia obligatoria en los programas escolares es, quizá, la petición más ambigua: mientras que los colectivos relacionados piden su inclusión como asignatura independiente, el PSOE defiende que ya está contemplada dentro del programa de Educación para la Ciudadanía; es decir, ni para unos ni para otros.
Entre las cuestiones que ya estaban previstas el nuevo Gobierno, se encuentra la petición de aumentar la presencia policial en las carreteras (el PSOE ha prometido aumentar el número de agentes de la Guardia Civil hasta 11.000), la elinación de los puntos negros en base a un Plan de Auditorías de Seguridad (que podría identificarse con la promesa de crear un Barómetro de la Seguridad en las Infraestructuras Viarias), la supresión de los guardarraíles (priorizando los tramos de concentración de vehículos de dos ruedas, explicitaba el programa) y la promesa de mejorar la atención a las víctas de accidentes (CEA pide un compromiso ley de espera máxa de 20 minutos, el Gobierno va más allá y ofrece 10 minutos en zona urbana y 20 en zona interurbana).
Probablemente, uno de los puntos de enfrentamiento en esta legislatura (al igual que lo fue en la anterior) entre Ejecutivo y conductores serán los radares que vigilan la velocidad de los coches en las vías. A este respecto, el Comisariado reclama que se sitúen siempre antes de los puntos negros, de forma que su actuación sea preventiva y no recaudatoria; el Gobierno echa balones fuera y promete que colocará más (hasta 2.000 cinemómetros fijos), pero no explica dónde.
Punto y aparte merecen las peticiones que no había sido contempladas el equipo de Gobierno, pese a la tancia que pueden tener muchas de ellas: la adopción de medidas necesarias para mejorar la aplicación del carné puntos, la participación activa de la Fiscalía en todos y cada uno de los juicios relacionados con tráfico, el uso en proyectos de Seguridad Vial de toda la recaudación de las multas interpuestas a los conductores y la transformación de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso en permanente son las peticiones de CEA que no aparecen entre las promesas del próxo Gobierno. ¿Se llevarán a cabo de todas formas?
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