Reducir los muertos en carretera un 50%, prestando especial atención a los ciclistas y motoristas, es un objetivo prioritario de la Comunidad de Madrid, como ha demostrado hoy su consejero de Transtes, Manuel Lamela, en el curso de unas jornadas de Seguridad Vial celebradas en la capital. Además, el Gobierno regional ha puesto en marcha un Plan Específico de Seguridad Vial que pretende reducir en un 50% las víctas mortales en accidentes de tráfico.
Pero eso no es todo. Lamela ha abogado la creación de una conferencia nacional de seguridad, que coordine las políticas en ese ámbito del Estado y las Comunidades Autónomas, aprovechando la facilidad que las distintas formaciones tienen para ponerse de acuerdo en este tema, debido a que los objetivos de todas son parecidos, y al buen momento en el que nos encontramos, gracias a que la legislatura acaba de empezar.
Por su parte, la Comunidad de Madrid contribuirá al descenso nacional de víctas mortales mediante el Plan Regional de Seguridad Vial, que será aprobado en breve y que afectará a los 2.500 kilómetros de carreteras dependientes del Gobierno regional.
Ciclistas y motoristas serán los principales beneficiados de una batería de medidas que incluirá, entre otras cuestiones, estudios sobre pinturas antideslizantes y medidas especiales para motoristas, entre las que destaca especialmente la sustitución de los actuales guardarraíles material homologado de protección.
Lamela es consciente de que la educación y la concienciación forman la base para reducir la siniestralidad en el futuro, y ello ha adelantado que el Plan de la Comunidad incluirá formación e información sobre riesgos y Seguridad Vial dirigidas a la población en general, aunque especialmente a los más pequeños, a los que irá dirigido un taller cuya prueba piloto fue disfrutada recientemente unos 1.000 niños de la región.
Por lo que respecta a las infraestructuras, el consejero ha adelantado algunos de los proyectos futuros de la Comunidad, como utilizar asfalto procedente de neumáticos viejos reciclados para reducir el pacto acústico de la circulación. En estas, y otras cuestiones, el Gobierno regional tiene previsto gastarse alrededor de 4.200 millones de euros.
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