La Comunidad de Madrid regulará prera vez las campañas publicitarias promovidas tanto desde el gobierno regional como desde los ayuntamientos y organismos públicos de su competencia. Para ello, el Consejo de Gobierno ha conocido el anteproyecto de Ley Reguladora de la Comunicación y Publicidad Institucional.
El anteproyecto establece que en las campañas promovidas desde los entes y organismos públicos madrileños debe prar el principio de interés general. Además deben cumplir con las exigencias de lealtad institucional, veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia y accesibilidad de todos los ciudadanos.
Así mismo, la norma contiene una serie de artículos en los que se establecen distintas litaciones. Una de las principales es la que establece que no se podrán promover campañas institucionales que tengan objetivo destacar los logros alcanzados las administraciones públicas afectadas esta ley.
Según la Ley Reguladora de la Comunicación y Publicidad Institucional, las campañas deber responder únicamente a objetivos de interés público, especialmente, para informar a los ciudadanos de los distintos servicios que se pongan en marcha, así como de sus derechos y obligaciones.
prnoticias ha querido conocer de prera mano las reacciones en el sector. Por ello, se ha puesto en contacto con Juan Ramón Plana, Director General de la Asociación Española de Anunciantes, que considera la medida como ‘positiva'. ‘Mi prera presión es positiva, que consultaron tanto a nuestra asociación como a otras del sector, a diferencia de lo ocurrido con otras administraciones. No cabe duda de que es bueno que existan unos principios de veracidad, transparencia o eficacia; unos principios de interés público, con los que comulgamos plenamente. Además, considero que han tomado buena nota de nuestra forma de trabajar, de todo lo que está contenido en el código nuestro sobre transparencia, responsabilidad', añade.
Además, las campañas institucionales no podrán incluir mensajes discrinatorios, sexistas, que promuevan la violencia, o contrarios a los derechos constitucionales y al ordenamiento jurídico. Tampoco podrán incluir símbolos, ideas o expresiones que puedan inducir a confusión con las ágenes utilizadas formaciones políticas o sindicales.
Además, en el anteproyecto se prevén una serie de garantías para que cualquier persona física o jurídica que vea afectados sus derechos o intereses legítos pueda solicitar ante la Administración el cese inmediato o la rectificación de las campañas institucionales.
