MANAGUA (21/04/08) Un juez de Managua ha dictado un fallo de culpabilidad contra el director de La Prensa, Jae Chamorro Cardenal, y el jefe de redacción de este mismo rotativo, Eduardo Enríquez un supuesto delito de injurias contra cinco mujeres del Consejo del Poder Ciudadano (CPC). Es tal la polémica que un organismo defensor ha anunciado que denunciará el hecho ante la Relatoría Especial para la Liberta de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA.
Rápidamente la prensa nicaragüense se ha hecho eco de la noticia, un juez ha dictado un fallo de culpabilidad contra el director y el redactor jefe del diario La Prensa un supuesto delito de injurias. Y es que cinco mujeres del Consejo del Poder Ciudadano (CPC) presentaron una querella contra los ejecutivos del diario el pasado 21 de diciembre de 2007 al considerar que una noticia emitida el rotativo el 20 de ese mismo mes dañaba su honor.
La noticia titulada ‘CPC con licencia para dar golpizas' denunciaba una presunta agresión hacia uno de sus periodistas parte de miembros de seguridad personal del presidente Daniel Ortega cuando éste se disponía a entrevistar al embajador de Estados Unidos en Managua, Paul Trivelli.
Ante la postura adoptada el juez de Managua, Celso Urbina, buena parte de la prensa ha denunciado este hecho como un claro ataque a la libertad de expresión. Y es que en la noticia en cuestión, según el rotativo, no se hacía mención a los nombres de las cinco mujeres.
Por su parte, Elsa Gómez, presidenta de la Unión de Periodistas de Nicaragua, ha asegurado que este fallo es un ‘acto más de perversidad contra los periodistas'. De hecho, el no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) ha anunciado que denunciará el fallo ante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA. Además, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) ha protestado igualmente ante la ‘arbitraria' decisión.
Según señala Efe, el CPC son organismos que según la oposición han considerado como una reedición de los Comité de Defensa Sandinistas (CDS), entidades que surgieron bajo la idea de ‘controlar a los ciudadanos'.
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