BOGOTÁ (20/05/08) La asignación o la retirada de publicidad oficial continúan siendo, hoy hoy, una modalidad de censura indirecta. Y es que muchos funcionarios públicos utilizan esta medida a modo de premio o castigo contra aquellos medios de comunicación que o les son favorables o se quedan sin ese trocito de la tarta publicitaria. Este hecho preocupa a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) que ha destacado la vigencia de este modelo en Colombia.
En todos los informes anuales siempre se ha destacado este tipo de censura como el más utilizado especialmente en Argentina. En muchas ocasiones se ha acusado al gobierno de los Kirchner de premiar a sus medios más allegados con publicidad oficial. Sin embargo, esto también sucede en países como Colombia, al que hay que añadir, que es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
La FLIP busca un remedio contra esta modalidad de censura. Impulsar la reglamentación local de la distribución de la publicidad oficial y promover el diálogo entre autoridades y periodistas puede ser una solución o lo menos una ayuda.
Sin embargo, no son los empresarios o funcionarios públicos los únicos responsables de que este privilegio en el reparto publicitario siga adelanta. Y es que, en algunos casos, son los periodistas quienes ofrecen información favorable a la gestión oficial a cabo de estos contratos. Con todo esto hay una clara consecuencia: se condicionan los contenidos noticiosos y se afecta el derecho a la información de los ciudadanos.
De hecho, esta situación se produce especialmente a aquellas regiones del país donde la principal fuente de ingresos o financiación de los medios de comunicación es la publicidad oficial. Aquí, los periodistas suelen encontrarse en precarias condiciones laborales, señala la FLIP, y se presenta con mayor frecuencia esta más que cuestionable práctica.
Por este motivo, uno de los objetivos prordiales de la FLIP es promover una regulación objetiva de la distribución de la publicidad oficial. De hecho, en octubre de 2007, antes de las elecciones de gobernaciones y alcaldías, la FLIP suscribió un acuerdo con el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción (PPLC) de la Vicepresidencia de la República para incluir una cláusula al respecto en los Pactos la Transparencia. Los pactos son acuerdos de voluntades mediante los cuales los entonces candidatos adquirieron el compromiso de adelantar una gestión transparente bajo unas condiciones previamente acordadas.
Durante los últos meses, gobernadores y alcaldes electos han ratificado estos pactos en los que se prevé, entre otros, que las autoridades locales se comprometan a plementar un procediento transparente para una distribución eficaz, objetiva, descentralizada y pública de la pauta publicitaria. La cláusula prevé que el procediento se aplicará ‘tanto a entidades centralizadas como descentralizadas', y que ‘se regirá las normas vigentes de contratación pública'.
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