El Colegio de Farmacéuticos de Valencia ha remitido a todas las autoridades sanitarias, consejeros de sanidad, colegios profesionales e instituciones profesionales sus alegaciones contra el Informe Ecorys que justifica la plantación de un modelo liberalizado de farmacia en España.
El Colegio sostiene que dicho informe no puede servir como base para justificar el Dictamen Motivado, iniciado la D. G. de Merado Interior, ya que no tiene en cuenta las características particulares de cada estado, ya sean geográficas, demográficas o legales debido a que Ecorys analiza la prestación farmacéutica ‘desde un punto de vista meramente comercial, equiparando el medicamento a una mercancía sometida a condiciones de mercado, lo que supone ignorar la realidad de la farmacia, considerada un estableciento sanitario de servicio público en un gran número de países en la UE', informan desde el colegio valenciano.
Además, el Informe reconoce que la ausencia de regulación podría dar lugar a ‘una concentración de establecientos de farmacia en áreas urbanas y a la insuficiencia de suministro de servicios farmacéuticos en áreas remotas' y admite que estas restricciones sirven para crear farmacias económicamente viables.
Tampoco se tiene en cuenta en el estudio, realizado la consultoría ECORYS Nederland BV, que ‘las principales diferencias entre el sector farmacéutico y sectores mercantiles resultan precisamente del carácter de servicio público sanitario que cumplen las farmacias', denuncian desde el COF.
Otra paradoja es que el propio ECORYS reconoce que la integración vertical y horizontal de la farmacia comta riesgos y consecuencias que pueden afectar de forma negativa a la prestación de un servicio sanitario, haciendo que pren los aspectos mercantiles sobre aspectos sanitarios y sociales, como ejemplo que una sociedad mercantil propietaria de una farmacia o cadena de farmacias seguiría directrices económicas y no sanitarias.
Por todo ello, el Colegio ha pedido que se inste a la Comisión Europea para que paralice el Dictamen Motivado y que se inicie un debate abierto entre los representantes de las instituciones europeas y nacionales, involucrando a todos los sectores de población cuyos intereses se pudieran ver afectados el proceso de desregulación, tanto pacientes, ciudadanos, farmacias, a fin de establecer conjuntamente los principios de un futuro modelo europeo de farmacia.
