Fernando Garrido, abogado de Telma Ortiz, ha presentado un recurso contra el auto que denegó ‘inviabilidad jurídica' las medidas cautelares solicitadas el supuesto acoso de los medios de comunicación.
El abogado insiste en que dicha solicitud de medidas cautelares tiene el objetivo de "pedir la ingerencia en la cotidianeidad de los demandantes de quienes desean conseguir, puro interés económico, ágenes fotográfiacas o de vídeo sin interés general", y apunta que "la relevancia comunicativa no puede confundirse con la sple satisfacción de la curiosidad ajena".
Según la defensa de Ortiz, alguno de los codemandados ha reconocido que "hay ocho fotógrafos día y noche, durante 24 horas al día, desde hace tres meses" pendientes de los demandantes. El escrito de recurso, elaborado el Despacho Garrido Abogados, recoge jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, relativa a la consideración que ambas instancias tienen de quienes pueden ser considerados personajes públicos, notorios, de proyección pública o privados.
La intención es mostrar al juzgador que los demandantes sólo pueden ser considerados privados, con lo que procedería la demanda de que se respete su derecho a la propia agen. El recurso señala que las medidas cautelares deben "pedir la vulneración reiterada y demostrada del derecho constitucional a la propia agen".
La juez de prera instancia número 3 de Toledo, María Lourdes Pérez Padilla, denegó estas medidas y le puso el pago de las costas del juicio al entender que la hermana de la Princesa de Asturias tiene proyección pública. También rechazó el argumento de la defensa de una posible existencia de un peligro físico que pudiera sufrir Ortiz ante el acoso de los medios, al precisar que este supuesto está protegido las leyes que condenan la conducción temeraria.
En la demanda, Telma Ortiz argumentaba vivir un "infierno", tanto ella como su pareja, especialmente tras el embarazo de la joven, de 34 años. Por eso, Ortiz que dio a luz el pasado 28 de marzo y su pareja abogado de profesión pedían la "adopción de medidas cautelares vulneración del derecho a la propia agen".
EUROPA PRESS
