MÉXICO D.F. (04/07/08) El Segundo Encuentro de Editores de la República Mexicana, organizado la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), concluyó con una idea clara: frenar la violencia contra los periodistas. Una propuesta apoyada más de 50 editores.
Para ello más de 50 editores han solicitado al gobierno una legislación que frene esta oleada de violencia. Y es que México ha sido considerada diversas organizaciones como un de los peores países para ejercer el periodismo.
Estos directores de diarios mexicanos provienen de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y del Distrito Federal. Todos han coincidido en proponer al Gobierno mexicano la federalización de los crímenes contra la libertad de expresión y de prensa y el agravamiento penal de estos delitos. Así lo señala la red IFEX.
Algunos de los puntos aprobados los directores de periódicos, facilitador el IFEX y cuyo destinatario es el Gobierno son los siguientes:
1) Crear los instrumentos legales necesarios para que el Estado pueda combatir con eficacia la violencia y los delitos en contra de la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información.
2) Solicitar que recoja y analice las propuestas concretas hechas en este Encuentro, en conformidad con normas internacionales, en lo referente a la tipificación de los crímenes contra libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información como delitos federales, establecer el principio de no prescripción y el agravamiento de esos delitos, mediante la incoración de estos principios al Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
3) Instar al Presidente a que, además de reconocer su compromiso de enviar al Congreso de la Unión una reforma constitucional que contemple la federalización de los delitos contra la libertad de expresión, adopte medidas administrativas, rápidas y eficaces que permitan reorientar y fortalecer, con rango de subprocuraduría, al órgano encargado de proteger la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas.
Por otro lado, igualmente reconocen la labor del Poder Ejecutivo y Legislativo en el desarrollo de herramientas legales al respecto; piden que se examine el campo de acción de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas; insta a estular a los directivos de los medios a revisar los sistemas de seguridad en las instalaciones de las empresas periodísticas, adoptar medidas de seguridad para los reteros; motivar la creación de este tipo de foros e involucrar a los miembros del Poder Judicial mediante la creación de foros, conferencias y talleres.
