El derecho al honor, a la intidad y a la propia agen, establecido expresamente como derecho fundamental la Constitución Española de 1978, sigue siendo un confuso escenario para los medios de comunicación, en la medida en que tales derechos suponen un límite al ejercicio de la libertad de expresión.
El precepto constitucional desarrollado la Ley Orgánica 1/1982, creada específicamente para proteger dichos derechos de intromisiones ilegítas e injerencias, no ha resuelto, 25 años después el problema existente y a la vista de las últas actuaciones judiciales no parece que vaya a atar un ápice de claridad a un debate que cada vez se vuelve más enrevesado en tanto en cuanto cada día se comercia más con el honor, la agen y la intidad, hasta el extremo de que muchos medios han convertido ese mundo en fuente de ingresos y de materia pra de un lucrativo negocio.
La decisión recurrida de una jueza de desestar la demanda contra 57 medios, presentada Telma Ortiz o la adoptada contra El Jueves, han sido otunidades perdidas la judicatura para iniciar un proceso, que de una u otra manera, debe terminar con la modificación de la mala pésa normativa legal existente en España en esta materia.
No es asunto fácil, ni el maniqueísmo debe tener cabida en este terreno, en la medida en que se produce una colisión de derechos constitucionales y lo tanto conviene hilar fino y ser cuidadoso, dejando al margen corativismos trufados de interpretaciones torticeras y perversas. La prevalencia de un derecho sobre el otro es compleja, como complicada y difícilmente ponderable es la realidad.
Por eso, cuando un abogado califica de "terrible y atroz" el recurso presentado la hermana menor de la princesa, ya que afecta directamente a algo "sagrado", como es el derecho a informar o se genera un moviento de solidaridad corativa sin valorar más allá que la defensa praria de intereses muchos de ellos bastardos, a uno se le abren las cas. Y las cas se abren que los contenidos de algunos programas denunciados utilizan expresiones no sólo no amparables el famoso artículo 20, sino que incluso podrían ser constitutivas de delito penalmente perseguibles, manifiestamente "excesivas", como señalaría un experto.
Si bien es cierto que la libertad de información debe ser una referencia de cualquier sistema democrático y que el grado de connivencia a que han llegado medios y supuestos atropellados, alcanza situaciones cómicas, no es menos cierto que la cantidad de vejaciones e infamias que se generan en nombre de "la libertad de expresión", va a tener, tarde o temprano, una repercusión legislativa y de ello son concientes los órganos de gobierno del poder judicial español y el propio sector mediático, que saben que hay que encontrar una solución a un equilibrio ciertamente inestable.
Por ahora, no ha sido así, aunque todos son conscientes de que a la llamada prensa del corazón "ni prensa ni ná", como diría un reputado colega hay que ponerla coto y a los editores de esa "prensa", entre los que se encuentran relevantes empresarios de televisión, señalarles la línea roja que no se puede ni se debe traspasar.
Y mientras llegan los nuevos textos legales que yo creo es una cuestión de tiempo, los bufetes de campanillas han encontrado en las demandas contra los medios de comunicación que viven de esta carroña, un nuevo y lucrativo sector que cada vez reta más rendiento. Me consta que algún reputado bufete, tiene un buen número de demandas ganadas, en proceso de recurso con pocas posibilidades de prosperar. Hoy, se calcula que existe casi un centenar de pleitos activos contra los principales medios de comunicación que, mayoritariamente, según expertos juristas, van a ser fallados a favor de la parte demandante, ya que es esa, en la actualidad, la tendencia de los jueces.
Esa predisposición indica que cada vez se incrementan las cuantías de las indemnizaciones fijadas los magistrados, cantidades que todavía no hacen suficiente daño a quienes viven de esa actividad. Hoy hoy, pues, compensa delinquir.
En tanto en cuanto llega ese nuevo paso legislativo, sería bueno que los medios de comunicación se pongan a trabajar buscando la instauración de protocolos de carácter deontológico y de órganos internos que velen su cumpliento, con objeto de asegurar conductas adecuadas y no ofensivas no sólo para los personajes involucrados, sino también para el espectador.
Carlos Díaz Güell, Vicepresidente ejecutivo de Serfusión
