Mucho más consistentes tendrán que ser las explicaciones que Francisco Granados debe dar sobre el registro y requisa que su director general de Seguridad, Sergio Gamón, llevó a cabo en las dependencias de la Consejería de Justicia. Como se sabe, el anterior consejero, Alfredo Prada, mano derecha de Aguirre durante la pasada legislatura, fue destituido fulminantemente tras haber aceptado un cargo de Rajoy tras el Congreso de Valencia, lo que la Presidenta, no exenta de razón, consideró como alta traición. La jugada de Rajoy, para reafirmarse en su débil liderazgo, consistió en tratar de dividir al equipo de Aguirre, quien habitualmente presume de tenerlo todo bien atado. Aguirre y María San Gil expresaron su desconfianza, y ambas han salido represaliadas.
En medio de esta batalla, el que más calla y espera es Alberto Ruiz Gallardón, quien una vez ganada la batalla a su habitual pulsividad, se perfila como el futuro candidato. Entretanto, y a una semana de vacaciones, al bastión más sólido de la Presidenta se le puede atragantar el últo pleno de la Asamblea, ya que la oposición socialista clama para que explique, en la sede parlamentaria, cómo permitió, si no ordenó, que Gamón entrara en las dependencias de Prada al más puro estilo ‘comando', y sin mediar palabra, requisara desde un ordenador a la documentación habitual y hasta las llaves del coche oficial. Dejando, además, a un vigilante delante del despacho durante casi una semana. La pregunta es ¿Se sospecha algo de Prada? La respuesta de Granados: ‘No', lleva a una segunda pregunta ¿Entonces cómo se comete esta tropelía sin mediación judicial, ni denuncia? En esta segunda respuesta es donde el Consejero se pierde al admitir que su viceconsejero, Halffter, envió a Gamón a ‘mirar unos contratos del Campus de Justicia'. Valiente manera de ‘mirar unos contratos', enviando nada menos que a un director general de Seguridad, con escoltas y vigilantes incluidos, requisando todo lo que pillaron a su paso.
Este tipo de actuaciones, cuando menos, dicen muy poco de los modos con los que se deben llevar a cabo las supuestas averiguaciones. Por su parte la Presidenta, al ser informada, ha pedido la destitución del Director de Seguridad, si bien el consejero Granados se ha apresurado a explicar que efectivamente será relegado de su cargo, pero dentro de las actuaciones de remodelación y refundición de las dos consejerías en una. Verdaderamente esta surrealista actuación, que habrá de ser explicada en un lenguaje más claro, lo que viene es a ratificar algo que todos los ciudadanos saben y es que ‘la política es el arte de decir exactamente lo contrario de lo que se piensa'. Algunos, desde la oposición socialista, van más lejos y piden disiones. Esta vez no les falta razón.
CONCHA MINGUELA, DIRECTORA DE ‘GENTE EN MADRID'
