El pasado 17 de julio, la Audiencia Provincial de Alicante se reunía en un encuentro que tendrá su continuación el próxo 26 de septiembre con el objetivo de elaborar un protocolo para que las personas que padecen alguna enfermedad mental puedan ser obligadas a medicarse en centros de Salud, e incluso en la misma calle. Ante estas noticias, la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, la Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental y la Asociación Española de Neuropsiquiatría del País Valenciano han mostrado su postura no receptiva a que el sistema judicial asuma competencias del ámbito de la Salud.
Jueces, abogados, forenses, fiscales y médicos se han plicado en el protocolo pulsado la Audiencia de Alicante para que las personas que padecen alguna enfermedad mental puedan ser obligadas a medicarse en centros de salud e incluso en la misma calle. El plan, presentado el pasado mes de julio el presidente de la institución provincial, Vicente Magro, trata de dar una respuesta a los familiares de 5.000 enfermos de toda la provincia que se niegan a tomar sus fármacos.
Aunque a priori la iniciativa para ser buena e intenta que las posibles patologías de estos enfermos no afectan a sus familiares y a la sociedad en general haciendo del tratamiento una acción legal, la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), la Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFESCV) y la Asociación Española de Neuropsiquiatría del País Valenciano (AENPV), no acaban de ver con buenos ojos que el sistema judicial tome decisiones en el ámbito del sistema sanitario.
Por ello han hecho llegar hasta los medios de Comunicación el siguiente comunicado:
La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), la Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFESCV) y la Asociación Española de Neuropsiquiatría del País Valenciano (AENPV), en relación con las noticias publicadas en prensa sobre la reunión celebrada el pasado día 17 de julio en la Audiencia Provincial de Alicante para elaborar un protocolo que regule tratamientos ambulatorios involuntarios a personas con enfermedad mental grave, desean trasladar a los medios de comunicación el siguiente mensaje:
1. El sistema judicial no debe asumir competencias en el ámbito de Salud Mental que corresponden al sistema sanitario. Las medidas legales en el ámbito de la Salud Mental sólo debe utilizarse para garantizar los derechos y las libertades de las personas con enfermedad mental y sus familias.
2. El esfuerzo y la prioridad de la Consellería de Sanitat de la Comunidad Valenciana debe estar enfocado en la creación de Unidades de Salud Mental (USM) completas, tal y como las entidades firmantes vienen exigiendo desde hace años. Considerando las USM como servicio básico de atención, se favorecería la accesibilidad a los servicios, la integración en la red y la continuidad de cuidados.
3. Se considera prioritario elaborar un estudio de los casos complejos que llegan a Fiscalía o al Juzgado, que permitiera la definición de alternativas y soluciones reales para las personas con enfermedad mental y sus familias.
4. Todas las actuaciones de las administraciones públicas ante situaciones delicadas y complejas como éstas, deben regirse bajo criterios de participación y democracia de todos las sectores plicados, como es el caso de asociaciones de profesionales y de personas con enfermedad mental y sus familias.
5. Se considera inadecuado la utilización de los medios de comunicación que pueden provocar falsas expectativas en las personas con enfermedad mental y sus familias, basándose en prejuicios que estigmatizan a las personas con enfermedad.
6. El objetivo es que la persona que padece una enfermedad mental grave progrese en su rehabilitación, recuperación y rehabilitación hasta alcanzar el máxo grado de autonomía, integración y normalización de la vida.
7. Así, las asociaciones firmantes han decidido proponer una reunión con el Conseller de Sanidad y con el Síndic de Greuges para abordar los temas suscitados.
