LATAM (12/08/08) Se trata de un mecanismo sutil con el que se pretende intervenir en la labor periodística de los medios de comunicación a lo largo de varios países latinoamericanos. ¿El objetivo? Lograr coberturas informativas complacientes con el Ejecutivo de turno. Ahora, el informe ‘El precio del silencio', elaborado la Asociación los Derechos Civiles y la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta, con sede en Nueva York, documenta restricciones financieras y regulatorias a la libertad de expresión en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay.
El uso de la publicidad oficial como premio o castigo determinadas líneas editoriales es lo más socorrido entre las autoridades que buscan hacer de los medios de comunicación entes más sumisos y complacientes.
La violencia y el hostigamiento vías legales, junto con otras formas de intidación, son recurrentes a la hora de intentar acallar a los periodistas. Las facultades reguladoras y financieras de los gobiernos regionales también son frecuentemente utilizadas con estos fines.
Las ventajas de utilizar estas medidas de presión y de restricción a una prensa libre y crítica es que se consigue el objetivo de silenciar a los medios de comunicación y, en algunas ocasiones, incluso pasan desapercibidas para la opinión pública.
‘Millones de pesos son utilizados funcionarios públicos para tratar de comprar coberturas favorables, situación que empeora si tenemos en cuenta los bajos salarios y la falta de seguridad laboral la que atraviesan muchos periodistas', dijo Darian Pavli, uno de los autores del informe y asesor jurídico de Libertad de Expresión e Información de la Iniciativa ProJusticia de la Sociedad Abierta.
El informe, que ayer se presentó en Bogotá y el jueves 14 de agosto se dará a conocer en Buenos Aires, documenta casos concretos, como los pagos directos de funcionarios públicos a periodistas en Colombia y Perú; las autoridades locales en Chile dictando aquello sobre lo que los periodistas pueden escribir, y el intento de un alto funcionario de Costa Rica de utilizar contratos publicitarios para influenciar el resultado de una extensa batalla política.
¿Qué posibles soluciones se pueden plantear ante este escenario, que menoscaba la fortaleza democrática de Latinoamérica? Según Roberto Saba, director ejecutivo de la Asociación los Derechos Civiles, el punto final a estas prácticas pasa necesariamente un compromiso de todos los niveles de Gobierno para pulsar las reformas de las leyes de publicidad oficial que garanticen una prensa libre.
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