CARACAS (14/08/08) El Colegio Nacional de Periodistas arremete contra Hugo Chávez. Su presidente, William Echeverría, le acusa de utilizar a los medios nacionales con fines partidistas y de aplicar las leyes de Radio y Televisión sobre las cadenas privadas de manera discrinatoria según sean afines o no a su Gobierno. Además, afirma que Venezuela vive una compleja situación de crisis jurídica, política, social y económica que socava las bases de la democracia venezolana y que el Gobierno está usando su poder para vulnerar los derechos de los ciudadanos.
No es más que una muestra más de la mala relación de Chávez con la prensa que no está de su lado. El presidente venezolano no se anda con chiquitas, en mayo de 2007 se negó a renovarle la licencia a Radio Caracas Televisión, que llevaba 50 años de emisión que, según el presidente venezolano, apoyaron el Golpe de Estado que se produjo en 2002. Tampoco mantiene buena relación con Globovisión, cadena muy crítica con Chávez y que el presidente tiene en el punto de mira.
Ante este tipo de actos contra la prensa el Colegio Nacional de Periodistas, que se reunió en una Convención del gremio después de diez años sin hacerlo, denunció a través de su presidente, William Echeverría, que los periodistas venezolanos no cuentan con el ambiente idóneo ni la seguridad física ni jurídica que le permita ejercer cabalmente su profesión de acuerdo a lo que establece la ley del Ejercicio del Periodismo en su artículo 34.
Desde el CNP se ve la necesidad en Venezuela de un periodismo combativo, íntegro, apegado a la verdad, sin concesiones, comprometidos con la defensa de la democracia y la Constitución de la República, y demanda que el Estado no excluya a los ciudadanos ni utilice a las instituciones públicas con fines partidistas, como está haciendo. También se queja del hermetismo y ocultamiento deliberado de la información pública, y de que privilegie a los medios oficiales en la cobertura de actos gubernamentales.
Echeverría insiste en que las acciones del Gobierno van dirigidas a privilegiar a sus seguidores y a excluir a todo aquel que se exprese en contra, siendo así una forma de censura oficial que atenta contra la libertad de expresión e información.
Tampoco admite el conjunto de leyes aprobadas vía habilitante que no van en sintonía con la Constitución y el Estado de Derecho, que fueron aprobadas a espaldas del pueblo venezolano y que ya fueron rechazadas en el referéndum de 2007. Acusa a Chávez de querer poner su proyecto político haciendo un uso elástico de la legalidad, a punta de decretos y concentrando poder; vulnerando así los derechos democráticos de los ciudadanos.
