VENEZUELA 19/09/08
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El Gobierno de Venezuela ha expulsado del país al director de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, después de que éste diese a conocer el últo informe sobre el estado de los Derechos Humanos en el país. Uno de sus apartados explicaba como el gobierno de Chávez había ‘atentado contra la libertad de expresión' a través del excesivo ‘control sobre los medios'.
José Miguel Vivanco ha explicado en rueda de prensa los datos fundamentales del informe ‘Una década de Chávez: intolerancia política y otunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela'. Los casos aparecen agrupados en cinco áreas: promoción de la discrinación política, irrespeto a la separación de poderes, a los medios de comunicación, a los sindicatos y a las organizaciones no gubernamentales.
El director de Human Rights ha insistido durante su intervención en la violación sistemática de los derechos fundamentales que se comete en Venezuela. En lo que toca a los medios de comunicación, Vivanco ha apuntado que el gobierno de Chávez ‘ha atentado contra la libertad de expresión' con el objetivo de ‘cambiar el control y contenido de los medios de comunicación'.
En el documento se expone cómo la Administración Chávez ha ‘abusado del control estatal sobre las frecuencias de radio y televisión para amenazar y discrinar a estaciones con una programación claramente crítica', según las palabras del propio Vivanco recogidas en El Tiempo.
Además del cierre de RCTV, el Informe resalta los casos de las presiones a través de multas y cartas amenazantes al canal de noticias Globovisión, las agresiones a periodistas o la apropiación estatal de frecuencias radioeléctricas.
En resumen, hrW ha denunciado como el presidente Hugo Chávez ha debilitado a las instituciones democráticas y las garantías de los Derechos Humanos en Venezuela. La reacción del Gobierno venezolano no se hizo esperar y José Miguel Vivanco fue expulsado del país ‘violar la Constitución y las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela', según un comunicado firmado los ministros de Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami, y de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro.
