Los concesionarios plantean medidas de reactivación económica, financieras, jurídicas y laborales para mantener cerca de 150 mil empleos que estarían peligrando.
La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (FACONAUTO) ha solicitado al Ejecutivo medidas urgentes para la supervivencia de las 3.500 pymes del sector.
Como ya les informábamos desde prseguridad vial, la patronal propone así un Plan Vive 2, es decir, una serie de reformas del actual sustituto del Plan Prever. De hecho, el ministro Miguel Sebastián ya ha reconocido que en noviembre habrá que reformarlo finalmente ante la escasa aceptación y la actual crisis financiera.
La patronal pide un Plan de Achatarramiento del Parque Automovilístico que favorezca, a través de subvenciones directas, la retirada de turismos de más de diez años de antigüedad y vehículos industriales de más de siete años a cambio de la compra de un vehículo nuevo o seminuevo de hasta tres años de edad. La patronal esta que las matriculaciones podrían recuperarse hasta diez puntos centuales con un ‘programa incentivador' capaz de anticipar la decisión de cambio de vehículo.
En la actualidad, se financia el 100% de los vehículos almacenados los concesionarios, el 80% de las ventas de turismos y el 100% de la ventas de vehículos comerciales e industriales, lo que las restricciones crediticias y el encareciento de las condiciones de los préstamos para la compra de vehículos parte de las entidades bancarias y financieras están agravando la caída de las ventas.
Igualmente se apuesta una mayor flexibilidad labora, para que las pymes puedan mantener el ‘máxo número posible' de empleos. Por este motivo, solicitan medidas que consistirían en la aplicación de los recursos que prevé la normativa laboral vigente, como la posibilidad de solicitar la suspensión de los contratos de trabajo necesarios o, en casos extremos, los despidos colectivos con veinte días año trabajado, con un máxo de doce mensualidades, mientras persista la caída de la actividad.
Por otro lado, insiste en la aprobación de una Ley de Contratos de Distribución que regule los derechos y obligaciones de fabricantes y distribuidores, de manera que los concesionarios no acarreen con los ‘graves errores de previsión de ventas' de las marcas y tengan que correr con los sobrecostes financieros derivados del manteniento de los stocks de vehículos.
