El adieu, Montesquieu, adieu, vieja aspiración del socialismo español y que ya fue públicamente anunciado Alfonso Guerra cuando era vicepresidente del gobierno, debería estar situado en prera línea de las preocupaciones de este país, aunque son muchas las evidencias que indican que nada está más lejos de la realidad.
Llevamos años viendo cómo la Justicia se degrada como consecuencia de la actividad política. Si el Estado de Derecho tiene algunos principios básicos como el sufragio universal, el reconociento de los derechos fundamentales, el respeto a las minorías o la división real de poderes, hoy todo parece indicar que este últo punto empieza a hacer aguas muchos cientos de medidas que sobre los derechos humanos la vicepresidenta De la Vega presente ante Naciones Unidas.
La separación de poderes asegura que cualquier individuo tenga la garantía de que los jueces, a los que se acude en demanda de justicia, no trabajan para el gobierno ni son delegados de los partidos políticos. Del mismo modo, es la garantía de que las normas jurídicas, aprobadas los representantes elegidos los ciudadanos, serán aplicadas con rigor, diligencia e independencia los tribunales y serán cumplidas el gobierno. Hoy, ese principio elemental, sin el cual no podemos hablar de verdadero Estado de Derecho, corre peligro en España debido a las intromisiones de los partidos políticos en el poder judicial y a la labor de obediencia debida de la Fiscalía del Estado. El resultado, desolador, es una verdadera degradación del sistema constitucional.
No nos engañemos, si para un empresario su modelo idílico de mercado es el monopolio, para un partido político la teoría de la división de poderes no deja de ser un engorro y de ello participan tanto la derecha como la izquierda. Frente a estos movientos de los partidos políticos, la sociedad, en general, asiste despreocupada e inerme, sin ser consciente de lo que se le viene enca.
Conseguida tras muchos retrasos, transacciones y pactos políticos, la renovación de la llamad cúpula del Poder Judicial, llevamos esperando la intemerata la misma operación con el Tribunal Constitucional y ello nos da la medida de hasta qué punto los partidos políticos están dispuestos a asaltar dos tantes reductos de lo que debería ser el perio de la independencia judicial.
La reciente historia del TC, se asemeja más al guión de una mala película de suspense que al de una de las más altas instancias judiciales de un país democrático y moderno. Las reiteradas recusaciones de magistrados, así como la modificación de la Ley Orgánica para permitir a su presidenta prorrogar su mandando más allá de los tres años previstos y tanto conservar su voto de calidad, incluso el intento de utilización del falleciento de uno de sus miembros, marca un proceso entre partidos para hacerse con una mayoría suficiente en el "alto" Tribunal para que leyes estrella de la pasada legislatura, y sobre todo el Estatuto de Cataluña, salgan triunfantes o derrotadas los supuestos vicios de inconstitucionalidad que parecen encerrar.
Y todo esto ocurre entre la desidia general y cierta indiferencia de los medios de comunicación, obsesionados más el huevo que el fuero o lo que es lo mismo si el CGPJ ha obrado correctamente o no a la hora de castigar al juez Tirado en un ejercicio de corativismo más. Parece como si la mayoría de los ciudadanos no fueran conscientes de que muchas de las leyes aprobadas el Parlamento se convierten en textos gaseosos que sólo obligan a los vecinos de la corrala, mientras que el "sistema" hace mangas y capirotes con el papel que sustenta sus textos y baste recordar, entre otros, el escandalazo que supuso la anulación, parte del TC, de la condena de tres años y cuatro meses de prisión que el Tribunal Supremo puso a los empresarios Cortina y Alcocer estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de la sociedad Urbanor.
Solo un poco de aire fresco aparece en escena y en esta ocasión es el partido de Rosa Diez el único que ha mostrado sensibilidad al recordar que la igualdad ante la Ley es un principio de vigencia muy discutible en nuestro país, empeorado una nube de normativas autonómicas que demasiado a menudo convierten la Constitución en papel mojado.
Las "batallas" políticas en torno al TC lo único que buscan es que la justicia sea todo menos independiente y los choques que se han producido entre el TC y el Supremo, han hecho que con frecuencia aparezcan voces discrepantes que ponen de manifiesto que el TC es un órgano "artificial" no exigido la propia naturaleza del Estado.
El pasado día 6 de diciembre, se ha cumplido, un año más, el Día de la Constitución y uno ha recordado no sin cierta nostalgia la reclamación que realizó el UPyD el año anterior al reclamar una efectiva y verdadera separación de poderes, sobre todo entre el Ejecutivo y el Judicial. Denunciaba entonces las maniobras y miserias de los grandes partidos y fuerzas acolitas a la hora de manejar la Justicia a su antojo, mediante ataques a la autonomía del poder judicial y los intentos de convertir a los jueces en delegados de esos viejos e insaciables partidos políticos que aspiran a controlarlo todo sin el menor escrúpulo.
Nunca sobra posicionarse con firmeza en favor de cualquier intento que busque un cambio de rumbo en este irritante proceso intervencionista que no sabemos con certeza a donde terminará llevándonos. Por ello, siempre merece la pena sumarse a quienes reclaman una reforma de la Constitución que logre reforzar la autonomía de jueces y tribunales, así como conseguir la independencia de la Fiscalía, elinando la intervención de los partidos políticos en el territorio de los jueces, quienes deberían tener como razón de ser de su actividad, splemente, la libertad del ciudadano y el Estado de Derecho, dentro del marco que fija la Constitución y el Parlamento.
¡Y el corativismo, es harina de otro costal!
Carlos Díaz Güell es vicepresidente de Serfusión
