La FAPE y la APAL rechazan la decisión de la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en Almería de prohibir el acceso de los periodistas a las sedes judiciales.
El día 18 de febrero, día en el que tuvo lugar la huelga de los jueces, las instituciones citadas negaron el acceso a los periodistas. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de la Prensa de Almería no han tardado en reaccionar ante tal medida.
En el comunicado enviado a los jefes de destacamento de la Guardia Civil encargados de la custodia de los edificios judiciales, se ordenaba que, ‘a partir del recibo de la presente, ningún concepto se autorizará la entrada de periodistas y cámaras de prensa sin la debida autorización del Delegado de Justicia de la Junta de Andalucía o Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que son los únicos autorizados para tal fin'. En la misma se indicaba un principio (desde el recibo de la misma), pero no un final a tal medida.
Esta ‘orden' quedó deslegitada y desautorizada sólo 24 horas después un comunicado de la Presidencia del TSJA. En el mismo se reitera que, desde el 30 de abril de 1996, ‘los profesionales de los medios de comunicación podrán acceder a las sedes judiciales para realizar su trabajo sin necesidad de autorización, tan sólo acreditando su condición de periodistas. En lo que respecta a las cámaras y medios gráficos, podrán acceder cuando en la sede judicial se celebre algún acto protocolario, previamente autorizado, o juicios orales en salas de vistas'.
La FAPE y la APAL consideran estos hechos tendenciosos y contrarios a los derechos fundamentales de libertad de expresión y de información. En su opinión, el momento y la forma de emitir la orden tuvo como claro objetivo litar la libertad de expresión de los jueces y de información al ciudadano.
