La Ley General Audiovisual está preparada para ser aprobada Consejo de Ministros. La duda es si será en el de hoy, o la dejarán para el del próxo vies, pasadas ya las elecciones europeas. Su redacción ha estado rodeada el habitual compadreo al que el Gobierno nos tiene acostumbrados en todo lo referido al mundo audiovisual. En el fondo persiguen tener contentas a las televisiones, que es lo que interesa para ganar unas elecciones. Prero: el brazo de Zapatero para el audiovisual, o sea la vicepresidenta Fernández de la Vega, decidió encargar la redacción de la ley a Francisco Caamaño, actual ministro de Justicia, cuando era secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios. Caamaño es abogado, su trayectoria profesional ha estado siempre ligada al Derecho Constitucional, y no tiene conociento del complejo mundo audiovisual. Su mérito es ser una de las pocas personas de máxa confianza de la vicepresidenta prera.
Segundo. Lo lógico es que la Ley del Audiovisual la hubieran redactado desde la Secretaría de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, nutrida de excelentes expertos. Sin embargo, el últo borrador de la ley salió de esta secretaría en la anterior legislatura, con lo que ya esta obsoleto dados los cambios producidos. Desde entonces no les han pedido su modificación, que Caamaño ha preferido consensuarlo con UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas). O lo que es lo mismo, con Tele 5 y Antena 3, que son quienes tienen más poder dentro de esta asociación.
Apenas han consultado con algunos publicitarios y desarrolladores de contenidos, ligados accionarialmente a las cadenas de televisión. Y desde luego no lo han hecho ni con RTVE, las autonómicas o demás protagonistas del complejo sector, como productoras audiovisuales o agencias de publicidad independientes. Ahora están haciendo una ronda informativa para presentarles la ley. El cabreo de FAPAE (Federación Audiovisual de Productores Audiovisuales de España) fue mayúsculo cuando vieron que les mostraban una ley hecha, sin haber consultado con ellos en ninguno de los puntos que les atañen. ‘Os la estamos enseñando’, decía la vicepresidenta prera sin entender el qué de su enfado.
Tercero. Desde que Caamaño tomó la cartera de Justicia había dejado de reunirse con UTECA para redactar la ley, pero el mismo ministro Caamaño acudió a presentarles la ley ya terminada hace un par de lunes. ¿No tiene el ministro de Justicia mejores cosas que hacer? Y, sobre todo, ¿para que sirve la Secretaría de Telecomunicaciones?
Ni que decir tiene que tampoco han contado con los partidos políticos. La norma general, no escrita, es que una ley que afecta a muchos intereses políticos, sociales y económicos se suele consultar con la oposición mientras se redacta. Así lo hicieron Adolfo Suárez y Felipe González y, supuesto, cualquier gobierno que ha estado en minoría, pero el estilo Zapatero es otro. Esteban González Pons, vicesecretario de comunicación del PP, me decía, a finales de abril, ‘no queremos que el Gobierno pacte la Ley General Audiovisual con los grandes grupos audiovisuales a espaldas del Parlamento. Nosotros no lo haríamos que un pacto de tales características es un pacto de Estado, y no debe modificarse en función de que gobie el PSOE o el PP‘. Ayer, un tavoz del Grupo Popular me ratificó que no ha habido consultas de ningún tipo. ‘Esta no será la ley que cuente con un consenso amplio. Y a nosotros nos parece un error que una ley que afecta a un sector tan complejo como el audiovisual debe ser estable, gobie quien gobie’, resumió.
SUSANA BLÁZQUEZ, PERIODISTA
