La Ley General Audiovisual está preparada para ser aprobada Consejo de Ministros. La duda es si será en el de hoy, o la dejarán para el del próxo vies, pasadas ya las elecciones europeas. Su redacción es obra del actual ministro de Justicia, Francisco Caamaño, cuando era secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, a petición de la vicepresidenta. Pero Caamaño está ligado al Derecho Constitucional, no conoce el mundo audiovisual, y tampoco ha consultado a todos los actores del sector.
Lo lógico es que la Ley Audiovisual la hubieran redactado desde la Secretaría de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Sin embargo, el últo borrador de la ley salió de esta secretaría en la anterior legislatura, con lo que ya está obsoleto dados los cambios producidos. Desde entonces no les han pedido su modificación, que Caamaño ha preferido consensuarlo con UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas).
Apenas han consultado con algunos publicitarios y desarrolladores de contenidos, ligados accionarialmente a las cadenas de televisión. Y desde luego no lo han hecho ni con RTVE, las autonómicas o demás protagonistas del complejo sector, como productoras audiovisuales o agencias de publicidad independientes. Ahora están haciendo una ronda informativa para presentarles la ley. El cabreo de FAPAE (Federación Audiovisual de Productores Audiovisuales de España) fue mayúsculo cuando vieron que les mostraban una ley hecha, sin haber consultado con ellos en ninguno de los puntos que les atañen. ‘Os la estamos enseñando’, decía la vicepresidenta prera sin entender el qué de su enfado.
Tampoco han contado con los partidos políticos. La norma general, no escrita, es que una ley que afecta a muchos intereses políticos, sociales y económicos se suele consultar con la oposición mientras se redacta. Esteban González Pons, vicesecretario de comunicación del PP, decía a finales de abril, ‘no queremos que el Gobierno pacte la Ley General Audiovisual con los grandes grupos audiovisuales a espaldas del Parlamento. Nosotros no lo haríamos que un pacto de tales características es un pacto de Estado, y no debe modificarse en función de que gobie el PSOE o el PP‘. Ayer, un tavoz del Grupo Popular ratificó que no ha habido consultas de ningún tipo. ‘Esta no será la ley que cuente con un consenso amplio. Y a nosotros nos parece un error que una ley que afecta a un sector tan complejo como el audiovisual debe ser estable, gobie quien gobie’, resumió.
SUSANA BLÁZQUEZ, PERIODISTA
