El Ministerio de Defensa no contratará a empresas que no cumplan la reserva legal del 2% de contratación de personas con discapacidad o cumplan las medidas alternativas, cuando tengan una plantilla de 50 ó más trabajadores y estén sujetos a esta obligación legal.
Para acreditar el cumpliento de esta obligación, se exigirá a los licitadores una declaración responsable, en la que manifiesten que cumplen con dichas obligaciones o que, emplear un número inferior a 50 trabajadores, se encuentran legalmente exentos de su cumpliento.
Así lo establece un documento interno elaborado el Ministerio donde se estipulan las normas sobre integración de personas con discapacidad en el ámbito de la contratación pública. Esta iniciativa responde a una demanda planteada el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Según esta normativa interna, los órganos de contratación comprobarán además que las empresas y personas licitadoras no hayan sido sancionadas con carácter firme infracción grave o muy grave en materia de integración laboral, igualdad de otunidades y discrinación a personas con discapacidad.
El documento establece que los órganos de contratación del Ministerio, al examinar las proposiciones y solicitudes de participación que presenten las empresas, comprobarán que éstas no están incursas en las prohibiciones de contratar, que estipula la Ley de Contratación del Sector Público (LCSP) y en especial las prohibiciones referidas a las personas con discapacidad.
Además, estos órganos de contratación velarán para que en todos los contratos que tramiten apliquen criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal y como son definidos en la Ley de Igualdad de Otunidades, no Discrinación y Accesibilidad Universal a las personas con discapacidad.
Es la prera vez que un Ministerio realiza una iniciativa así para garantizar el cumpliento de la reserva legal de estas contrataciones. ‘Se trata de una palanca potentísa que permitirá que, sin incrementar la presión fiscal sobre las empresas, se cumpla más esta reserva del 2%‘, según el asesor jurídico del CERMI y directivo de Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna.
