Esta crisis no la han generado los trabajadores autónomos y sin embargo son los que la están sufriendo con mayor virulencia. El pacto social, que no termina de cuajar, entre sindicatos, patronal y Gobierno, no pone en el lugar que le corresponde a un colectivo que agrupa a varios millones de personas. Setecientos mil autónomos estarían dispuestos a crear un puesto de trabajo, según informaciones de ATA (Asociaciones de Trabajadores Autónomos) mientras que otros trescientos mil están en la cuerda floja y ciento treinta mil ya han tenido que echar el cierre de sus negocios o microempresas. Si bien es cierto que desde enero de este año, se han dado de alta otros ciento treinta mil. Parte de la culpa la tienen los bancos, que les cierran el grifo de los créditos y les ahogan en su morosidad. Los créditos ICO pulsados el Gobierno, son prácticamente invisibles y están sepultados entre requisitos y exigencias burocráticas que posibilitan su obtención. Sólo dos mil autónomos se han beneficiado de ellos (lo que supone un 0,06 ciento del total). Se quejan los autónomos, según dice a este periódico Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, de que los bancos no se fían, cobran comisiones de estudio, dan largas, en definitiva, hacen perder el tiempo y la paciencia a los autónomos en situación crítica, y debido a la premura para el cumpliento de sus pagos, acaban cerrando sus negocios. Entre autónomos y pequeñas pymes, se han perdido casi un millón de puestos de trabajo.
Este sector es el auténtico tejido empresarial de nuestro país. Generan el 85 ciento del mundo laboral de España. Si los bancos fueran más inteligentes y sensibles al emprendiento, y se fijaran menos obsesivamente en las listas de morosos, se habría evitado una subida sustancial del paro que ya sobrepasa los tres millones y medio de personas, y aunque se ha logrado aminorar la velocidad de caída, y el Banco de España atisba brotes verdes praverales, parece que no se ha controlado definitivamente la hemorragia. También piden reducciones en ciertos puestos, una ley más dinámica y eficaz que obligue a instituciones a pagar a treinta días como máxo, ya que muchos de ellos están asfixiados cobros que sobrepasan los seis meses y hasta el año. Es decir, que también desde las instituciones se contribuye a arruinar la economía. Pero, dada la situación de crisis, su principal demanda es el cobro de prestaciones cese de actividad. Esta medida, junto a ayudas fiscales al emprendiento, carencia en los preros dos años, están funcionando muy bien en otros países de Europa donde los despidos y ERE de las grandes empresas, son compensados gracias al riesgo y al emprendiento de trabajadores que ponen todo, y, en este país, apenas reciben un míno trato del Gobierno de turno.
Concha Minguela
Directora de Gente en Madrid
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