La Asociación de la Prensa de Madrid, el Colegio de Periodistas de Cataluña, el Colegio Profesional de Periodistas de Galicia y la Unión de Periodistas Valencianos han firmado un comunicado conjunto en el que piden que las ayudas que se den a la prensa tengan como condición que las empresas que las reciban se comprometan a mantener el empleo. Al igual que FAPE, pran la defensa del empleo enca de todo, pero no se muestran contrarios a las ayudas directas.
Estas agrupaciones están de acuerdo con el hecho de que las empresas editoras reciban las ayudas directas que reclaman parte del gobierno, tales como créditos, aplazamientos de cuotas sociales, ayudas directas a la difusión y a la formación para contribuir a la reestructuración del sector, pero siempre regidas unas condiciones con las que litar dichas concesiones. Lo fundamental es que las empresas que las reciban defiendan el empleo y no las utilicen para sufragar los Expedientes de Regulación de Empleo o cualquier otra forma de despido, ni para ajustar sus balances. Además, dichas ayudas deben partir, dicen, del debate y el compromiso de todas las partes.
Dichas asociaciones repiten que prefieren una suspensión temal de empleo, el reparto de trabajo, la negociación a la rescisión de contratos laborales y la efectiva plantación de la conciliación de la vida laboral y familiar, que en algunos casos, puede llevar a la reducción de jornada con el siguiente ajuste de salarios, a los despidos indiscrinados.
Este manifiesto colectivo se ajusta a la idea de que para que todo esto funcione, es prescindible la plicación de directores y empresarios en los valores propios de esta profesión; adecuándose al Estatuto del Periodista, del que el Código Deontológico es una pieza fundamental.
Esta idea es algo distinta a la que exponía FAPE recientemente durante el curso La prensa en crisis: hacia un cambio de modelo. Magis Iglesias, su presidenta, se posicionaba en contra de las ayudas directas a la prensa y defendía sólo aquellos proyectos que presentasen viabilidad a medio y largo plazo. De nuevo la FAPE y la APM actúan separado.
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