El PP ha presentado una denuncia el Juzgado de Instrucción delito continuado de revelación de secretos, violación de secretos, revelación de actuaciones secretas del e interceptación ilegal de las comunicaciones con revelación del mismo cuerpo legal. Se basa para ello en las informaciones publicadas los medios de Prisa, especialmente las del diario El País. En diferentes artículos se especificaba que las conversaciones correspondían a escuchas de la policía, tal y como especifican en su denuncia los populares. DENUNCIA Y NOTICIAS RELACIONADAS
Los populares centran sus sospechas en el Ministerio Fiscal. Acusan a la Policía, en concreto la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Judicial, de haber filtrado la información a El País habiendo cometido un delito continuado de revelación de secretos. El partido anexa en su denuncia los extractos de los artículos de el diario de Prisa para justificar su denuncia y pide al juez que admita como anexos tanto estos artículos como las grabaciones de la cadena SER.
*La redacción de El País responde al PP
*El PP acusa al Gobierno de las filtraciones
*El Fiscal investigará las fuentes de El País
En los párrafos seleccionados el PP se pueden leer las referencias a la Policía, al atribuir una fuente a las conversaciones filtradas. Pese a que cuando saltó esta polémica y el partido de la oposición anunció que iniciaría acciones legales el comité de redacción del rotativo salió a defenderse y argumentó que ‘la Constitución española, en su artículo 20, garantiza a los periodistas el secreto de sus fuentes de información y el derecho a no revelarlas bajo ninguna circunstancia’, lo cierto es que en parte ya han revelado sus fuentes, al atribuir a un cuerpo de seguridad del Estado estas grabaciones.
De hecho esta es la base de la denuncia del partido, que pide que se tome declaración al Excmo. Sr. D. Antonio Camacho Vizcaíno, Secretario de Estado de Seguridad, al Comisario General Jefe de la Brigada de la Policía Judicial, D. José Antonio González García, al Comisario de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, D. José Luís Olivera, y a quien realizó la llamada Telefónica al Presidente de la Generalitat el día 5 de marzo. Además de a cuantos Funcionarios de la Policía Judicial hayan participado en estas intervenciones o escuchas telefónicas.
Surge entonces el debate de si está justificado o no, tratándose de personajes públicos y de gran relevancia, al ostentar cargos políticos, el hecho de que en los medios se filtre información sobre sus posibles delitos. El principal problema que se plantea en este caso es que los presuntos autores de esta filtración forman también parte de Instituciones del Estado, dependientes concretamente del Ministerio del Interior, y que se trata de información secreta. Prisa lo tiene claro ‘la doctrina del Tribunal Constitucional considera vital para la democracia el derecho a la información, incluso enca del secreto sumarial’.
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