En la Tierra a lunes, diciembre 23, 2024

El macrismo va a la Justicia para frenar la ley K

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argentina 27/10/09 PRLATAM 20.020 SUSCRIPTORES Diputados del PRO han presentado una acción de amparo para suspender, hasta el 10 de diciembre, la conformación de la autoridad de aplicación con la que debe comenzar a funcionar la nueva Ley de medios. Fue ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, en el juzgado 8 de Clara Dopico. Entre los fundamentos, los opositores consideran inconstitucionales los plazos de su plementación. Creen que debe esperarse a que asuma el nuevo Congreso.

 

La iniciativa del macrismo, con las firmas de Federico Pinedo jefe de bloque en la Cámara baja y Julián Obiglio, argumenta que el decreto el que Cristina Kirchner avanzó con la puesta en funcionamiento de la norma contradice el artículo 14 de la ley sancionada el Senado el 10 de octubre. Ese artículo establece que la conformación del directorio de aplicación ‘se efectuará dentro de los dos años anteriores a la finalización del mandato del titular del Poder Ejecutivo, debiendo existir dos años de diferencia entre el inicio del mandato de los directores y del Poder Ejecutivo’. Lo que obliga a que todos los miembros queden nombrados el 10 de octubre.

 

Tres de los siete integrantes de la autoridad de aplicación saldrán del Parlamento, nombrados una Comisión Bicameral compuesta ocho diputados y ocho senadores. Si alguno fuera designado antes del 10 de diciembre se estaría violando el plazo de dos años.

 

El oficialismo, que ya nombró a sus representantes para la Bicameral replica que esa comisión parlamentaria propone al Ejecutivo los tres nombres y que éstos serán designados  el 10 de diciembre, como indica la ley. El macrismo sin embargo lo considera una irregularidad.

 

Cristina Kirchner anunció también el jueves pasado el decreto para constituir el Consejo Federal, un organismo compuesto 38 integrantes dirigido los gobernadores, del que saldrán otros dos miembros para la autoridad de aplicación. Los dos restantes los nombrará el Ejecutivo. Entre otras funciones, se encargará de establecer los ‘mecanismos de transición’ para que los titulares de licencias no encuadradas en la norma se desprendan de ellas en el plazo de un año.

 

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