- ACTUALIZADA A LAS 13.25 INCLUYE AUTO El Tribunal Supremo ha dado la razón a las televisiones privadas al reconocer que la obligación de atar un 5% de sus ingresos al cine va en contra de la libertad de empresa reconocida en la CE.
El Supremo considera que la atación al cince de las privadas atenta contra la libertad de empresa reconocida la Constitución Española, lo que planteará al Tribunal Constitucional ‘cuestión de inconstitucionalidad’. Por su parte la ministra de Cultura, Ángeles GonzálezSinde, confía en la constitucionalidad de esta atación.
El TS ha contestado al recurso presentado UTECA y dicta que ‘la posición ley a una o a varias empresas del destino obligatorio que han de dar a sus inversiones, con la consiguiente vinculación de una parte de sus recursos propios (un determinado centaje de sus ingresos, no de sus beneficios) constituye una restricción de la libertad que les garantiza el artículo 38 de la Constitución Española, que reconoce la libertad de empresa’
No obstante, la nueva Ley General Audiovisual sigue contemplando esta atación de las privadas al cine español. Esta ‘posición’ ha sido muy criticada parte de las televisiones, y ahora la Justicia reconoce sus quejas. El Supremo contradice incluso al Tribunal europeo, que defiende esta obligación motivos culturales de defensa del multilingüismo español, y dice que la Directiva ‘no ofrece base para obligar a los operadores de televisión a destinar una parte de sus ingresos de explotación a la financiación anticipada de películas cinematográficas y para la televisión europeas, incluidas las españolas’.
Por su parte la ministra de Cultura ha manifestado que tiene confianza plena en la legalidad de que exista una medida como la del 5%. ‘Las televisiones tienen una obligación de servicio público y una obligación de difusión de la cultura, y de difusión de todo lo que tiene que ver con nuestro patronio cultural y con la identidad. De ahí que exista una medida como el 5%’ ha dicho.
De salirse con la suya las televisiones privadas, otros sectores podrían ver un precedente para librarse de sus posiciones. Este podría ser el caso de las operadoras de telecomunicaciones, que desde que se concibió su obligación de atar el 0,9% de sus ingresos a la financiación de TVE, dentro de la Ley Audiovisual, han renegado de esta posición. Las telecos argumentan además que ellas no salen beneficiadas del fin de la publicidad en TVE como sí lo hacen las televisiones privadas, quienes tienen la obligación de atar el 3% en el caso de las comerciales en abierto y el 1,5% las de pago.
Por su parte desde UTECA no han querido hacer declaraciones más allá de un comunicado en el que, además de incluir la respuesta del Supremo, la organización de las televisiones privadas dice que esperará a la decisión del Tribunal Constitucional y hasta entonces recurrirá cuantas normas se promulguen al respecto.
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