- La Comisión Constitucional del Congreso debatirá esta mañana y con toda seguridad aprobará el proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, un cuerpo legal que es discutido los sindicatos.
Las secciones sindicales de diferentes televisiones se manifestarán durante gran parte de la mañana ante las puertas del Congreso para exigir que se rectifiquen algunos puntos de la Ley. De momento, tenemos constancia de que la sección sindical del UGT en Antena 3 acudirá las once de la mañana a las Cortes, además de representaciones de UGT, CGT y Comisiones Obreras de Telemadrid.
Los sindicatos piden que los diputados actúen en conciencia y ‘eviten un mal comienzo de la regulación del sector audiovisual, y especialmente a aquellos en cuyas comunidades autónomas ya están en vigor leyes audiovisuales con unos contenidos diferentes y contrarios al proyecto que mañana van a debatir en el Congreso’. Una de las principales críticas al proyecto es que no establezca criterios laborales claros para los trabajadores de los medios privados.
| LAS PRINCIPALES ENMIENDAS |
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La Ley General de la Comunicación Audiovisual se suntenta en algunos pilares como la autorización para las fusiones entre televisiones, la TDT de pago y la emilinación de la publicidad en TVE.
No obstante, durante su trámite se han producido algunos cambios más de 600 enmiendas como la reducción del límite máxo para la telepromoción de 12 a dos minutos hora, que la adquisición de los derechos audiovisuales de los clubes de fútbol no puedan tener una duración superior a cuatro años.
Otro de los puntos polémicos indica que la normativa elevará a 29 minutos (frente a los 12 actuales) la publicidad que podrá emitirse hora en televisión. Uno de los puntos que, sin duda, provoca más división entre los principales agentes del sector.
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La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha resumido en ocho puntos las críticas al proyecto. En prer lugar no están de acuerdo con que se defina al sector audiovisual como un mercado, en vez de como una función pública al servicio del pluralismo. También reclaman que defina funciones de servicio público para los medios privados y desestan que sí restrinja este carácter para los públicos.
En opinión de la FESP la Ley tampoco garantiza competencias ejecutivas claras para el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales en lo relativo a la adjudicación y retirada de licencias y a la capacidad para sancionar las infracciones de la ley. En cuarto lugar, no contempla criterios de legalidad laboral o de vigilancia profesional para la adjudicación de licencias.
Para la FESP, la nueva Ley tampoco garantiza la autonomía de los medios públicos autonómicos y locales en su financiación, que ahora es mixta (presupuestos públicos más publicidad) y no establece unos criterios homogéneos para la creación de organismos públicos autonómicos y locales, en la línea de la reforma de RTVE. Tampoco garantiza la producción y edición de programas los medios públicos.
El últo punto de la FESP critica que la Ley no reconoce a los medios comunitarios como un tercer sector, junto al privado y al público, ‘que no puede ser residual falta de financiación o obstáculos legales. Olvida que su existencia garantiza el derecho constitucional de la ciudadanía a comunicar información veraz, junto a la libertad de expresión y el derecho a la información’, concluyen.
En cuanlquier caso, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, tiene previsto aprobar hoy y sin acoger ninguna demanda de los sindicatos el proyecto para enviarlo al Senado para que continúe su tramitación parlamentaria. El PSOE tiene el apoyo de CIU y Coalición Canaria, pero en su contra tiene a todos los grupos nacionalistas y de izquierdas que han pedido más tiempo para debatir cambios.
DESCÁRGATE EL PROYECTO COMPLETO
Por su parte, el PP acusa al Gobierno de estar ‘obsesionado con controlar los medios de comunicación audiovisuales’ y asegura que la ley supone ‘una amenaza para la libertad de expresión’. María Teresa Fernández de la Vega ha respondido señalando que es una ley ‘liberalizadora, moderna y garantista’. ‘Una norma prescindible para el sector y la industria audiovisual española’.
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