El asesinato en Seseña de la joven de 14 años Cristina Martín a manos presuntamente de una compañera de instituto de su misma edad ha vuelto a poner en la picota el espinoso debate del endureciento de las penas para los delitos protagonizados menores de edad. El padre de Cristina Martín, en medio del dolor y la conmoción tras la aparición del cadáver de su hija reclamaba que “el culpable pague, y que no pase como siempre”. En definitiva, que el peso de la justicia sea procional a la gravedad del delito, y que crímenes tan execrables como este no se salden con unos pocos años de internamiento y un fuerte debate social que dura lo que tarda el aginario colectivo en olvidar lo ocurrido hasta que se produce un nuevo caso. La realidad es que la Ley del Menor establece para los mayores de 14 años y menores de 18 una sanción máxa de cinco años de privación de libertad. Y si no hubiera cumplido los 14 años hace unos meses, la autora confesa de la muerte de Cristina ni siquiera podría haber sido acusada y habría quedado exenta de responsabilidad. Es decir, antes de los 20 años estará en la calle. En tanto se dire la responsabilidad de la menor, el juez del caso ha aplicado las medidas cautelares reclamadas el fiscal, seis meses de internamiento en un centro de menores prorrogables a otros tres, atendiendo a la gravedad de los hechos, a su repercusión y la alarma social producida. Es a todas luces insuficiente. La sociedad reclama una legislación que endurezca las penas de manera que sean procionales a los delitos cometidos. Y actuar cuando el debate lo exige abandonando ese temor reverencial a equivocarse legislar “en caliente”. No hay que actuar en caliente; hay que hacerlo cuando la ocasión lo requiera y cuando se evidencien carencias legales corregir. Es ahora cuando hay que actuar, cuando la gravedad de un delito recién cometido revela las carencias del sistema para partir justicia con contundencia y severidad, de manera que no salga tan barato en tiempo y forma cometer un cren El caso de Cristina Martín y otros antes, como el del asesino de la katana, las chicas de San Fernando de Cádiz, el de Sandra Palo o el de Marta del Castillo revelan una extrema frialdad, un desprecio la vida y una ausencia de remordiento que requieren de mayor castigo. Y junto a los cambios legales, necesarios, una reflexión en profundidad sobre la educación que estamos dando a nuestros jóvenes.
Alberto Castillo
Director de Gente en Madrid
