La no sostenibilidad de la Ley de dependencia ha quedado, fin, ratificada. Trinidad Jénez ha explicado que ‘el gobierno no puede hacer frente a los atrasos de las prestaciones’. De este modo, la Ministra ha justificado la medida que aprobará el Gobierno en junio para elinar el derecho a la retroactividad hasta los seis meses.
Las voces que anunciaban que la Ley de dependencia era inviable, y que la prestación de las ayudas, sobre todo las económicas, suponía un gasto al que el Gobierno no podía hacer frente en la actual situación económica, han visto cómo llevaban razón.
La ley de dependencia ha sido objeto de recorte, y es que no cabía otra posibilidad. Según ha señalado la Ministra, ‘no podemos pagar los atrasos de prestaciones económicas, aunque las personas podrán seguir cobrando sus derechos’, ha apostillado. La medida supone la elinación del derecho a retroactividad para las personas que aún no han recibido la prestación económica. Esta medida supondrá un desahogo para las Comunidades Autónomas, que se verán excluidas de los pagos retroactivos hasta que no pasen seis meses después del reconociento de la dependencia. Esta medida supondrá otro ahorro en la cuenta del Ministerio de Sanidad de 600 millones, y el aplazamiento del pago de las prestaciones, otros 431 millones de euros.
Por otro lado, Jénez ha querido tranquilizar a aquellas personas que se encuentran en el proceso de obtención de la prestación económica. ‘El gobierno les garantiza que van a recibir su prestación económica’, ha asegurado la ministra. Pero también ha apostillado que a partir de ahora, se elina el derecho de retroactividad hasta los seis meses. Hasta el momento este derecho se recogía en la Ley y era aplicable desde el momento de la solicitud. Pero la falta de coordinación y de recursos para hacer frente a los pagos parte de las Comunidades Autónomas, había elevado el número de personas que se acogían a este derecho, aumentando la deuda de la factura de la Ley de Dependencia.
En rueda de prensa, la Ministra de Sanidad ha reconocido que las previsiones que se hicieron respecto a la prestación de ayudas económicas fue insuficiente, y esa es la razón la que las Comunidades Autónomas se han visto desbordadas. A esto hay que sumar el descenso de un 20 ciento, aproxadamente, de la recaudación de las arcas del Estado.
El objetivo últo, según informan desde el Ministerio, es desalentar a las personas que se acojan al sistema de prestaciones económicas, que suponen el 50 ciento del coste de desarrollo de la Ley. De este modo, se pretende pulsar los sistemas de Atención Sanitaria.
Según ha declarado Trinidad Jénez, el objetivo del ahorro de más de 1.000 millones de euros que supone la elinación de la retroactiviad y el aplazamiento del pago de las prestaciones, ‘es liberar recursos para que las personas entren en el Sistema Sanitario que desarrolla la ley, y resolver en un plazo de seis meses las solicitudes de prestación económica’.
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