Tres temas principales se han tocado en el Consejo Interterritorial. Prero el proyecto de Real Decreto sobre receta médica y órdenes de dispensación. También la Ley de Salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, y la anunciada Central de compras. Entre julio y diciembre las medidas serán una realidad.
Las recetas, hasta dentro de 6 ó 7 meses que entre en vigor la nueva legislación, se basan en una normativa de 1984. Ahora, tras el últo Consejo Interterritorial, se ha conseguido regular la receta electrónica, además de las órdenes de dispensación de los enfermeros y en los Hospitales. Entre las grandes novedades se encuentra la centralización de datos de paciente y tratamientos, que cierto, en general tendrán una duración determinada de tres meses.
En cuanto a la Ley de Salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo entrará en vigor el próxo 5 de julio. Se han presentado dos Decretos Ley (DL) para que especifiquen ciertos puntos del desarrollo de la Ley Orgánica aprobada el pasado 3 de marzo.
El prero se centra en la regulación de los comités clínicos, son los que confirman el diagnóstico de las posibles enfermedades graves e incurables del feto, y de la libre elección voluntaria de la mujer. Además, el Consejo ha incluido que ‘el médico encargado de la práctica de la interrupción del embarazo podrá solicitar un informe psicológico o de un profesional de trabajo social´ en los casos de mujeres entre 16 y 17 años que no tienen qué informan a sus representantes legales.
El segundo DL tratará de asegurar la igualdad y calidad en cualquier centro además de que los servicios de salud estarán obligados a asegurar la prestación en un plazo de diez días naturales o ‘ en su defecto, comuniquen escrito el compromiso de abono de los costes de la intervención´ en alguno supuestos excepcionales. Todos los centros disponen de 3 meses para acreditar que cumplen las condiciones establecidas en el RD.
Hoy el Partido Popular, con la firma de 50 ediles liderados Mariano Rajoy, presentará ante el Tribunal Constitucional un recurso anticonstitucional sobre 8 preceptos de la norma que podrían quedar suspendidos hasta una sentencia en firme (es decir, durante años). Los populares denuncia una supuesta discrinación de las discapacidades ( el punto sobre las malformaciones del feto) y llegan a comparar la Ley con el exterminio bajo la Alemania nazi.
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