30/06/2010 PRLATAM 102.839 SUSCRIPTORES Amnistía Internacional ha publicado un informe en el que pone de manifiesto las restricciones a la libertad de expresión existentes en Cuba. El director de AI España, Esteban Beltrán, manifestó que ‘a pesar de las liberaciones y acercamiento de presos, el régen mantiene una estructura política represiva que amordaza la libertad de expresión y los derechos de los cubanos’.
Beltrán apuntó que existen tres elementos claves que manifiestan la mordaza del gobierno cubano sobre el derecho de la información. Estos elementos serían el monopolio que el Estado tiene sobre los medios (con 723 publicaciones, 3 diarios nacionales, 88 emisoras de radio, 4 televisiones nacionales 16 canales regionales y un canal internacional bajo su control); la obligación de los periodistas de afiliarse a la Asociación de Periodistas de Cuba (UPEC), perteneciente al Partido Comunista, para poder ejercer; y la existencia de leyes que permiten detener a personas que ejerzan su derecho a la libertad de expresión.
Por este motivo, Amnistía Internacional pide a Raúl Castro que revise y derogue estas leyes y que permita a los periodistas independientes la publicación de materiales presos con el objetivo de aumentar el derecho a la información de la sociedad cubana. Esteban Beltrán recordó que además de los veinticuatro periodistas cubanos que se encuentran encarcelados, la mayoría de informadores sufre intidaciones, detenciones arbitrarias y acoso publicar en medios no oficiales, poseer libros prohibidos o intervenir en emisoras extranjeras.
La directora adjunta para América del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, Kerrie Howard, destacó la gravedad de que las restricciones a la libertad de expresión en Cuba comienzan en la propia Constitución del país, en la que se establece que los medios de comunicación de masas son de propiedad estatal y no pueden estar en manos privadas. De esta manera, Howard señaló que la población, en contra de lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración Interamericana sobre Libertad de Expresión, está sometida a una sola idea, aquella promovida el Estado. Asismo, el Código Penal de la isla en su ley 88 reconoce como delito la colaboración con medios extranjeros.
Dos de los protagonistas de esta persecución del régen, Yosvani Anzardo Hernández, director del diario digital Candonga, y Magaly Norvis Otero Suárez, fundadora de Hablemos Press, intervinieron telefónicamente en el acto desde Cuba. Yosvani Anzardo Hernández comentó que la prera dificultad a la que se enfrentan es que el periodismo independiente no es reconocido y ‘no tiene derecho a existir’. ‘Tenemos prohibido poseer ordenadores, teléfonos móviles o cámaras bajo la excusa de que son productos perialistas’, explicó. ‘Nos suelen acusar de espionaje, aunque no sancionan ello. Las sanciones vienen las colaboraciones con medios extranjeros y peligrosidad social’, añadió.
‘Cuando tienes una información expuso, incluso si no tratas temas políticos y eres respetuoso, no hay dónde publicarla que estamos fuera del circuito legal y si la vendes a medios extranjeros se valen de la ley 88 y te pueden caer hasta 20 años de cárcel, aunque publicarla en Cuba podría costar la vida’. El régen se vale de la premisa ‘lo que no se dice, no existe’, así que no se pueden publicar tampoco el número de muertos tras el paso de un huracán o la Gripe A.
Por su parte, Magaly Otero dijo que en dos meses ha sido citada tres veces agentes de seguridad del Estado y que el acoso no se produce sólo contra los periodistas sino también contra sus familiares e hijos. ‘Se trata de una guerra psicológica’ sentenció. Otero opinó también sobre el proceso de diálogo con la Iglesia, con el que el régen ‘sólo está tratando de ganar tiempo’ y del estado de los presos en las cárceles, con ‘mala alentación, maltratos y sin atención médica’. También aseguró que la situación para la libertad de expresión empeoró con la llegada de Raúl Castro al poder que se incrementó la rigurosidad legal.
Por últo, Amnistía Internacional recordó que tiene prohibida su entrada en Cuba desde 1990 y pidió a los gobiernos que no liten sus diálogos a la liberación de presos de conciencia que éste debe ser más amplio y abordar cambios legislativos y políticos en el régen.
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