Con motivo de la nueva Ley de Seguridad Vial en la que se fija que la recaudación multas de tráfico se destinará íntegramente a seguridad vial, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) propone a la Dirección General de Tráfico (DGT) la creación de una fundación pública que se encargue de su gestión. Al respecto, aconsejan que esta fundación debería estar dirigida los ministerios de Interior y de Sanidad y Política Social.
La propuesta ha sido planteada directamente al director general de Tráfico, Pere Navarro, en una reunión: una fundación del sector público estatal, dirigida Interior y Sanidad, en la que el sector social de la discapacidad esté también representado e plicado directamente. Esta fundación se encargaría de gestionar los fondos recaudados las multas de tráfico que serían destinados a actuaciones en materia de seguridad vial, prevención de accidentes y ayuda a las víctas.
Desde el Comité indican que el modelo propuesto permitiría gestionar de forma ‘eficiente’ los recursos económicos, mediante una figura jurídica que combine la carencia de fin de lucro con la transparencia y agilidad necesarias. Asismo, da cabida a la participación de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias que pueden atar una experiencia clave en la gestión y desarrollo de programas.
Las características propias de esta Fundación serían constituirse con una atación mayoritaria de la Administración General del Estado, y además, según el Cermi, no podrá ejercer potestades públicas, estando su ámbito de actuación litado a la realización de actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector público estatal fundadoras. Por todo ello, señalan que la Fundación debería tener como fin único la gestión de los recursos provenientes de las sanciones para ayuda a las víctas.
Las personas que recibirían apoyo parte de la fundación serían aquellas personas jurídicas entre cuyos fines estén el promover programas de atención, apoyo y sote a las víctas de los accidentes de circulación. Asismo, se financiarían programas e iniciativas dirigidas a la rehabilitación personal y social de las víctas, maxizar su autonomía personal, promover la existencia de entornos accesibles (viviendas, transtes, etc.), la defensa jurídica, económica y patronial, así como establecer medios de apoyo, orientación y asesoramiento y difundir la cultura de ayuda mutua y el asociacionismo, entre otras actividades.
Por últo, se recalca el papel del Cermi como representante de las personas con discapacidad en España. Aquí, se incide en la tancia de que tomen un papel activo tanto en la gestión de programas como en la defensa de las personas con discapacidad y sus familias. Por tanto, añaden que deben estar presentes en cualquier iniciativa que se proponga parte del Ministerio del Interior al Gobierno para la gestión de los recursos derivados de las sanciones económicas, uno de cuyos fines es ayudar a las víctas, que normalmente presentan algún tipo de discapacidad.
Seguiremos Informando…
